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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que el presupuesto va porque va, e insistió en que los problemas de déficit vienen de gobiernos atrás.
LA PATRIA | CARTAGENA*
"Si no hay decisión hay que decretar".
Con esta sentencia el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, sostuvo ayer, en el último día del Congreso de Confecámaras, que el Presupuesto General de la Nación (PGN) por $523 billones va porque va, incluyendo los $12 billones que se anexaron en la llamada Ley de financiamiento.
En rueda de prensa, el funcionario también insistió que el presupuesto no se ha hundido, que son cuatro debates y que el martes deberán definir los ponentes de dicho presupuesto. "¿Cuándo se termina sabiendo si sale por decreto o no?, después del 20 de octubre y de aquí al 20 hay mucho tramo todavía, y al Congreso le corresponde comenzar a discutir los componentes del presupuesto y la Ley de financiamiento, antes del primer debate (del gasto)", sostuvo. De hecho aclaró que esta Ley de financiamiento seguirá su trámite al tiempo y que incluso se podría aprobar después del 20 de octubre.
¿Y los cambios?
A la consulta de si en medio de la actual situación económica y las altas cargas tributarias es coherente hablar de presupuesto y de una nueva reforma, el ministro sentenció que "es absolutamente normal y constitucional que un gobierno presente un presupuesto y además anuncie que le falta un dinero".
"En este momento la discusión es que hay congresistas que no quieren discutir la ley de financiamiento.
El gobierno lo que dijo es que el presupuesto es uno solo, con ley de financiamiento y esperamos que nombren ponente y arranque la discusión".
Así mismo el funcionario aseguró que el congreso no ha negado ningún monto presupuestal, y que lo que pasa es que no hay decisión. "Cuando esto pasa, la norma dice que rige lo que propone el Gobierno, porque es un proyecto de iniciativa nacional, por lo tanto lo que sigue es la discusión, sobre cómo queda, pero la ley está firme, el paquete es uno solo, el presupuesto tiene un monto de $523 billones y ante la falta de decisión del Congreso, sigue ese monto e incluye la ley de financiamiento", insistió.
La poca ejecución
A la crítica que se hizo continuamente en el congreso de Confecámaras sobre la poca ejecución de la inversión que realiza el Gobierno, sostuvo que es una discusión que siempre se ha dado en el tiempo y la pregunta es cuándo se ejecuta, más cuando los gastos de funcionamiento sí son rutinarios.
Al respecto sostuvo que cuando hablan de ejecución es que quieren ver pagos, pero indicó que el Gobierno no puede dar anticipos y que solo paga contra avances de obras. "Queremos ver las obras".
Sobre los recursos verdes y la destinación con base en el presupuesto de la regla fiscal, indicó que es una discusión que se da para determinar si es posible realizar inversiones con recursos de crédito más barato y bajo condiciones más favorables para ejecutar proyectos ambientalmente sostenibles, que no se contabilicen en la regla fiscal, pues en otros países ya se ha hecho.
*El periodista fue invitado por Confecámaras
Problema viene de atrás
Durante su intervención en el Congreso de Confecámaras, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió que no es cierto que el problema de la deuda financiera se haya solucionado en los gobiernos pasados, y que la pandemia, por el contrario, la aumentó. Defendió que ese monto que se arrastra supera los $200 billones y que por ende, no se logró incrementar la capacidad instalada del país, que la inversión siguió en los mismos niveles y se creció en el gasto corriente.
Según sus cuentas solo el Fondo de Estabilización de precios de la gasolina, determinado en el gobierno de Duque dejó un déficit de unos $68 billones.
¿Y los pagos de servicios?
Con respecto a la recién intervenida la electrificadoras Aire, el ministro sostuvo que fue a solicitud de la misma compañía e insistió que el problema esté en función de cómo manejan la caja las distintas comercializadoras, pues la plata que debe pagar el Gobierno, de la llamada opción tarifaría, se estaba resolviendo con créditos de Findeter. "Ahora hay que mirar qué hacemos con los créditos que ya se le entregaron a Aire, Entonces no es un tema único con los subsidios".
Aunque la Contraloría General de la República advirtió en el mismo espacio de Confecámaras sobre el riesgo de que 10 millones de usuarios se queden sin servicio ante la falta de esos pagos del Gobierno, según el ministro siempre se paga, aunque reconoció que con un cierto desfase de tiempo.
"No hay riesgos, porque el Estado siempre termina pagando y cumpliendo con sus obligaciones así como acaba de hacerlo con el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, esta es otra de esas deudas de las que no hablan", dijo.
Frente al riesgo de que el estado tenga que asumir unos $4 billones ante la salida de esta empresa y el riesgo de que Afinia también se intervenga, el ministro le dio la razón al contralor, al reconocer que la intervención de Electricaribe costó unos $10 billones.
Ante la oferta pública que le hizo EPM al Gobierno para vender Afinia, al reconocer que es un mal negocio, Bonilla sostuvo que seguramente pronto les llegará la oferta oficial, pero que tienen que examinarla con juicio, pues aunque tiene mejor capacidad con el respaldo de EPM , les sucede el mismo problema de que no tienen capacidad de recaudar.
Aumentos de la gasolina no es inflacionario
El ministro sostuvo que aumentar los precios de los combustibles no generan un impacto inflacionario como se dice y que ya se comprobó, luego del aumento en el precio de la gasolina en $6 mil, Solo generó 200 puntos a la inflación y está controlada, dijo. Ahora viene la discusión de cuánto debe subir el diésel, pero dijo que los cálculos con el primer ajuste de $400 el impacto fue solo 0,05 puntos.
Apoyo a micronegocios
Durante su discurso, el ministro de Hacienda, sostuvo que hay 4 millones 600 mil micronegocios de empresas que no están contabilizadas en las cámaras de comercio del país, por lo que sostuvo es un problema y un interrogante de hasta dónde se ha hecho la formalización y cómo generar políticas sólidas de crédito y espacios para trabajar con ellas, garantizarles mercado y que sean contratadas.
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