FERNANDO ARROYO LEÓN

EFE | LA PATRIA | QUITO

La suerte del presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, se debatirá en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras el fallo de la Corte Constitucional de admitir el trámite de un juicio político de censura en su contra.

Acusado por la oposición de peculado (malversación), figura aceptada por la Corte, el gobernante de 67 años, que lleva cumplidos cerca de dos años de los cuatro de mandato, se enfrentará a una probable salida anticipada del poder en el juicio político en el que la oposición dice contar con los votos para hacerlo.

El analista político y exlegislador Ramiro Aguilar dijo no tener dudas de que la oposición sumará fácilmente los 92 votos que requiere para la censura, pues opinó que Lasso, con su estilo muy neoliberal y ligado casi exclusivamente al capital financiero, ha puesto a casi todos en su contra.

Incluso ciertos sectores empresariales y de la derecha política que en principio le apoyaban estarían conformes con un cambio de timón en el Ejecutivo, comentó Aguilar.

A Lasso la oposición lo acusa de ser responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, al supuestamente tener conocimiento de ella y, también supuestamente, proteger a otro integrante de una investigación policial por nexos con el narcotráfico.

Posible relevo presidencial

Para Aguilar, el juicio debe derivar en un relevo constitucional, lo que permitiría al vicepresidente Alfredo Borrero convertirse en el nuevo mandatario del país, aunque con el objetivo de dirigir una transición ordenada en el tiempo que le quedaría a su eventual administración.

Aguilar señaló que si se da el relevo, el nuevo mandatario debería llevar adelante un "Gobierno de transición" que dé un "giro de timón" hacia las causas sociales, deje de lado el neoliberalismo y, además, busque el apoyo de los sectores progresistas.

Incluso se debería pensar en un gabinete que incluya a personajes de la oposición, sugirió.

Y es que para este analista, la suerte de Lasso estuvo echada desde el pasado 5 de febrero cuando el pueblo le dijo mayoritariamente "No" a un referéndum sobre una diversidad de temas que se realizó de forma paralela a las elecciones locales, en las que fue también derrotado ampliamente por el correísmo y otras fuerzas de oposición.

"El mandato de Lasso fue revocado" en la práctica y desde entonces ha ido acumulando reveses políticos importantes, abonados con las denuncias sobre corrupción en empresas públicas que han salpicado a personas de círculos muy cercanos al mandatario.

La carta de la "muerte cruzada"

El jurista también descartó que a Lasso le queden cartas que jugar, pues le sería difícil echar mano de la llamada "muerte cruzada", con la que podría disolver el Parlamento, anticipar las elecciones y gobernar un año por decretos.

Según Aguilar, Lasso sí podría firmar el decreto para disolver la Asamblea Nacional, pero necesitaría la aprobación de la Corte Constitucional que acaba de aceptar el juicio político de censura en su contra.

Aguilar incluso observó que el Constitucional aceptó el juicio contra Lasso bajo la acusación de malversación, por lo que seguramente advirtió de que habría elementos para aceptar esa como causa del proceso.

El Gobierno, por su parte, aceptó ya el fallo de la Corte Constitucional, pero rechazó el juicio político contra el presidente Lasso por considerar que no tiene asidero legal.

El fallo "de alguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente", aceptó el Gobierno pero remarcó que "el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno".

Paso a paso del proceso

Ecuador está atento a lo que ocurra en el legislativo, que debe recibir la notificación de la Corte Constitucional para avanzar en el proceso contra el presidente Lasso, a quien la oposición le acusa de peculado.

Ya en la Asamblea, de mayoría opositora, el Consejo de Administración Legislativa tiene tres días para conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización, que notificará al presidente y a los interpelantes para que, en 10 días, presenten las pruebas.

La Comisión tendrá otros 10 días para procesar las pruebas, explicó una fuente de la Asamblea al anotar que, concluido ese plazo, la Comisión elaborará un informe motivado en 10 días adicionales, en el que recomienda continuar, o no, con el juicio.

Tras ello, el presidente del Parlamento, en el plazo máximo de tres días, dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, en el plazo de cinco días, el presidente deberá incorporar en el orden del día para conocimiento del pleno.

La censura al jefe de Estado sólo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, obtiene la mayoría calificada de un mínimo de 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara, y de no obtenerlos, el proceso se archivará.