LA PATRIA | MANIZALES

Margarita Cabello Blanco culminará su periodo como procuradora general de la nación en enero del próximo año. Visitó LA PATRIA para hablar de Caldas y de Manizales, así como de su posición frente a la prohibición de las corridas de toros y el archivo definitivo de la investigación que pesaba contra Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Diálogo.

¿Por qué dice que con la actual Alcaldía les ha ido mejor que con la anterior?

Con el nuevo Gobierno nos ha ido mucho mejor. Sentimos que hay más entusiasmo por la ciudad. Con el anterior nos tocaba pelear todo el tiempo. Acá avanzamos mucho y apenas llevamos estos meses. Tenemos seis procesos contra el exalcalde (Carlos Mario Marín). De esas investigaciones, una es por contratos celebrados en la Alcaldía por crear cargos supernumerarios, está en investigación disciplinaria ya para cierre. Tenemos tres investigaciones por temas de nómina, de cambio de perfil, de nominación de cargo, de participación en política (va para cargos), otra por cuestionamientos realizados por un tema que tuvo con residentes de la comuna Tesorito, por extralimitación de funciones por las funciones diplomáticas sin competencia (Liberland). Estamos cerrando investigaciones para tomar decisiones y empezar juicio. Primero viene una etapa de instrucción y arrancamos con el juicio para la decisión final. La extralimitación de funciones es una falta disciplinaria que lo inhabilita para futuras aspiraciones políticas porque el Código Disciplinario es duro con eso.

Con la PTAR Los Cámbulos tenemos entendido que hay una acción popular del 2006 que no se ha cumplido. Ya hicimos informe con fines disciplinarios porque no se ha avanzado, hay falta de claridad en la correcta inversión del anticipo, no estipulación de una cláusula combinatoria y hay un retraso total en el avance de obras.

¿Y sobre la Gobernación?

Tengo también procesos contra el exgobernador (Luis Carlos Velásquez) por extralimitación de funciones, Juegos Nacionales, no vigiló la correcta ejecución de contratos celebrados en el complejo acuático Parque Bicentenario, tampoco cumplió la ley de cuotas y hubo irregularidades con el programa de vivienda en municipios del departamento. Tenemos también a Ricardo Gómez Giraldo, exgobernador encargado, por un mejoramiento de pavimentación de la red vial del departamento del plan vial fase II Salamina-Pácora por regalías de $27 mil millones. Ya estamos en pruebas para cerrar, también aparece Luis Alberto Giraldo Fernández, entonces secretario de Infraestructura (actual diputado). Con Diana María Cardona García, exsecretaria de Educación de Caldas, la denuncia es por una demora en la consecución de recursos para el funcionamiento de los restaurantes escolares en el 2023 para 64 mil estudiantes.

El Congreso aprobó la prohibición de las corridas de toros, ¿cuál es su posición?

Lo que puedo decir es que como procuradora soy respetuosa de lo que un órgano autónomo con el Congreso proyecta y en su momento tendré que emitir el concepto. Respeto al Congreso que que expidió la ley, sé que hay muchas demandas. Como procuradora tengo la obligación de representar a la sociedad completa y tengo que mirar a las mayorías y a las minorías. Bajo ese equilibrio tengo que emitir el concepto.

¿Por qué archivó el proceso contra Karen Abudinen?

Están tratando de decir que porque ella es de Barranquilla y yo también, lo archivé, pero la Procuraduría fue la primera que abrió investigación contra las personas que participaron y que tenían competencia para realizar la licitación, todas están sancionadas con inhabilidad y con suspensiones grandes. Tenemos fallo de primera instancia sancionando a la secretaria general y a las personas encargadas de ese proceso licitatorio. Iniciamos una acción popular con la que embargamos los bienes de todos los involucrados para asegurar los dineros. Ordenamos la suspensión de pagos. Esa acción popular iba en periodo probatorio y extrañamente el Tribunal de Cundinamarca con un auto la dio por terminada. Interpusimos recursos, los negaron y vamos a presentar una tutela para que esa acción popular se reactive y se tumbe ese auto. Viene la investigación de Karen. El manejo del gasto está en la Secretaría General y el manejo del proceso licitatorio está en la Secretaría General y en el equipo, mas no en la ministra, ella tiene responsabilidad de vigilancia. Entonces apenas se dio cuenta ordenó suspender la licitación, la revocó, informó sobre las pólizas falsas y dice la sala de la Procuraduría que no había elementos para darle responsabilidad, que la responsabilidad recaía sobre los que ya habíamos sancionado y por eso se archivó. ¿Cuáles fueron los argumentos del archivo? Falta de participación en la estructuración de la licitación y planeación del proceso licitatorio y adjudicación del contrato. Me siento tranquila porque nosotros somos los únicos, ni la Fiscalía ni la Contraloría han hecho nada.

Otros temas

*Trabajo infantil. "Lo que más nos llamó la atención de Caldas fue el trabajo infantil, hay bastante y estamos haciendo un seguimiento a la prevención y su erradicación en este departamento. La Gobernación nos va a entregar la totalidad de la información que le solicitamos para saber específicamente qué está pasando con la población infantil que trabaja. Creemos que hay parte de trabajo infantil en la deserción escolar".

*Salud. "El Ministerio de Salud le mandó mucho dinero a Caldas para mejoramiento de hospitales, adecuación de infraestructura y compra de equipos, pero no para pagar la unidad de pago por capitación (UPC). Para Caldas hay un aproximado de 30 medicamentos con barreras de acceso. Tengo el listado de todos los hospitales a los que les enviaron dinero y no sabemos dónde está. Por ejemplo, al Hospital Departamental San Antonio de Villamaría le mandaron $3.800 millones para adecuación de infraestructura, no para el UPC; a Manizales, $1.969 millones y $70 millones para Assbasalud; al Hospital Departamental de San José, $372 millones; al Hospital San Marcos Chinchiná, 1400 millones, y otra plata para el Hospital San Antonio Villamaría, $931 mil millones. La mayoría no se ha invertido adecuadamente y no hay plata para salud, pero sí hay para infraestructura y para equipos".

Atención a vertimientos

Para la Procuraduría el trabajo de los vertimientos de las instituciones prestadores de servicio de salud es un tema delicado y por ello hace hincapié en la necesidad de formulación y ejecución de planes de acción. "Los hospitales y todas estas industrias médicas tienen que hacer la caracterización del vertimiento y remitirlo a las empresas prestadoras de servicio de alcantarillado para que informen a la autoridad ambiental porque los residuos médicos son peligrosos. Se los requerimos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) porque tienen qué caracterizar la clase de residuos y luego hablar con la empresa prestadora de servicio de alcantarillado para saber qué pueden mandar por alcantarillado y qué no. La autoridad ambiental (Corpocaldas) tiene que evidenciar cómo va a ser ese vertimiento. Quiero insistir en esa formulación ejecución de esos planes de acción, no nos los han entregado. El delegado me dijo que iba a elaborar el informe disciplinario a Empocaldas y Corpocaldas dijo que están en los últimos mesas de trabajo".

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.