Jaime Ortega Carrascal

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ 

Los problemas de tierras de Colombia son tan viejos como el país mismo y no han sido resueltos porque el poder político no lo ha permitido, algo que el Gobierno actual se propone abordar con una ambiciosa reforma agraria, afirma la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.

“El campo colombiano no ha logrado resolver sus problemas serios desde que este país es país, desde antes, desde la Conquista. Los temas agropecuarios no han estado en la agenda y muchos de los problemas que tenemos son los mismos de toda la vida, entre ellos, el destierro”, afirma López en una entrevista.

Según la ministra, “algo pasa con la concentración de tierra en Colombia; la tierra tiene un poder político que ha impedido que se distribuya”, lo que ha sido causa de violencia y atraso en el campo, un sector clave para la economía nacional.

“El índice de concentración de tierra en Colombia es vergonzoso. Es de 0,87, y acuérdense que 1,0 es cuando una persona tiene toda la tierra”, lamenta.

Reforma rural integral y paz

Para tratar de romper esa desigualdad crónica el Gobierno del presidente Gustavo Petro está decidido a sacar adelante la reforma agraria que se ha postergado durante décadas y que hace parte del punto uno del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc, sobre reforma rural integral.

Dicha reforma incluye la titulación porque “hay gran cantidad de tierras en Colombia de personas activas en el campo que no tienen título de su propiedad y eso los saca de la posibilidad de tener acceso a crédito” y a otro beneficios, explica López.

“La titulación en el acuerdo de paz, que es donde se enmarca esta reforma agraria, tiene previstos siete millones de hectáreas tituladas. Nosotros hemos titulado 800.000 en tres meses”, dice, y añade que quedan seis años para cumplir con la reforma rural integral.

Esas tierras provendrán de diferentes fuentes, como las que están bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a narcotraficantes; de un acuerdo con la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán) que prevé la venta al Gobierno de tres millones de hectáreas y posiblemente de las que ofrezcan propietarios a título individual.

“Nos van ofrecer (tierras) individualmente, pero se entregarán colectivamente y tienen que pasar por una serie de pruebas, como que hayan sido adquiridas con toda la transparencia, que no formen parte del conflicto por los paramilitares, que sean productivas y que no sean inundables”, añade la funcionaria.

Según López, “el proceso no es simple” porque además de la calidad de la tierra que se entregue a los campesinos, hay que darles facilidades, como acceso a créditos “para que puedan generar ingresos y aumentar la oferta de productos agropecuarios en el país”.

Con esa iniciativa, que se calcula que costará $60 billones, el Gobierno espera no solo desactivar el conflicto en el campo sino sacar del atraso al sector agropecuario, que “llegó a ser el 20% o el 25 % del Producto Interno Bruto, y hoy es el 6%” y pierde en competitividad con prácticamente todo el mundo, aunque la ministra es consciente de que “es imposible hacer una reforma agraria en un solo periodo presidencial”.