EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Congreso hundió ayer el Presupuesto General de la Nación, que aplicará para el próximo año, que había sido presentado con la duda de cómo el Gobierno lo iba a financiar, y el presidente, Gustavo Petro, anunció que ahora será publicado por decreto.

Las comisiones económicas del Congreso no llegaron a un acuerdo sobre el monto del presupuesto, que el Gobierno proponía que fuera de $523 billones.

Por esa razón, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que ahora será publicado por decreto y por ese monto.

"Se decreta el presupuesto que el Gobierno inicialmente presentó al Congreso", reconfirmó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

El director de Presupuesto Público Nacional, Jairo Bautista, explicó en julio que de ese monto total, hay $511 billones que "se encuentran financiados".

Los $12 billones restantes "vienen contingentes, sujetos a una ley de financiamiento que presentaremos en las próximas semanas al Congreso de la República".

Justamente Bonilla aseguró ayer que la propuesta que presentarán ahora, que "no es una reforma tributaria" sino un "plan de financiamiento, es "un proyecto que tiene tres componentes", incluidos estímulos tributarios para la reactivación económica.

En junio pasado, el Gobierno presentó también el marco fiscal de mediano plazo, estrategia con la que espera apuntalar el crecimiento económico por encima del 3% a partir de 2025 y hacer las transformaciones económicas y sociales del país.

Polémica por desfinanciación de la Registraduría

La reducción del 77,4% en el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el año 2025 generó controversia ayer en el ámbito político, especialmente por su posible impacto en las elecciones de 2026. La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, calificó esa decisión del Ministerio de Hacienda como "un golpe a la democracia". Lozano advirtió que el recorte comprometería la preparación electoral, ya que la contratación de tecnología y logística para los comicios debe comenzar en 2025.

La senadora también cuestionó la autonomía de la Registraduría ante el Gobierno, señalando que depender del presupuesto asignado comprometería la imparcialidad del proceso electoral. Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, compartió su preocupación, destacando los riesgos que la reducción presupuestal implica para la imparcialidad de los organismos electorales.

En respuesta a estas críticas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que los recursos no han sido retirados, sino redistribuidos. Bonilla explicó que el presupuesto asignado a la Registraduría fue transferido a la “bolsa” del Ministerio de Hacienda, un mecanismo que, según él, permite gestionar los recursos conforme a las necesidades de la entidad electoral durante el proceso preelectoral.

La incertidumbre sobre el manejo de estos recursos genera preocupación sobre cómo la Registraduría podrá asegurar un proceso electoral adecuado para 2026.

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