Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, es el encargado de escuchar y liderar la "paz total" que busca este Gobierno.

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Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, es el encargado de escuchar y liderar la "paz total" que busca este Gobierno.

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EFE | LA PATRIA | Bogotá

 

El Gobierno nacional asegura que sus deseos para este año, en la misión en la que se han embarcado de lograr la paz total en el país, es que el pueblo, que es quien realmente está construyendo esa paz, sea escuchado por todas las instancias.

"El deseo para el 2023 es que el pueblo, el que está aquí deliberando y el que está en todos los lugares construyendo la paz, sea escuchado no por el Poder Ejecutivo, sino por las Cortes y el Poder Legislativo para que comprendan por qué ellos desean y están construyendo la paz total", dijo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.

Rueda visitó en diciembre el municipio de El Tarra, en el corazón de la convulsa región del Catatumbo (Norte de Santander), precisamente para escuchar al "pueblo", en este caso a los campesinos y cocaleros de esta zona que es la que más plantaciones de coca concentra en el país para construir una nueva política de drogas que a su vez contribuya a la paz en las regiones.

El narcotráfico, financiador de los grupos armados y criminales del país, es de los aspectos que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, quiere abordar y en el que las políticas más divergen de Administraciones anteriores.

"Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra", empezó Petro su primer discurso ante la Asamblea de la ONU el pasado septiembre para hablar de cómo en estas tierras se mezcla la belleza con la muerte, debido a la criminalización que se ha hecho de la coca y no de otras riquezas de Colombia como el carbón o el petróleo.

"El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada", se atrevió a decir el mandatario, en su deseo de formular una nueva política antidrogas.

De momento poco se sabe de esta nueva política, más allá de que no buscará criminalizar a los pequeños productores, pues justamente el Gobierno quiere consultar a campesinos como los del Catatumbo para ver sus ideas en un momento en que Colombia ha roto todos los récords de hectáreas cultivadas de coca.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43% en el 2021, año en que fueron registradas 204.000 hectáreas sembradas mientras que en el 2020 esa cifra fue de 143.000 hectáreas.

Y como el Gobierno quiere basar sus políticas públicas en la opinión de la gente que más padece la violencia, la exclusión y el conflicto, "este año tenemos un montón de mecanismos de participación directa de la población, que es la gente que sufre y padece las violencias, para que hable, se fortalezca y construya el nuevo país", consideró Rueda.

Es decir, Colombia quiere escuchar más y mejor al pueblo "para que llegue la paz".

 

Revés por mostrar resultados

La prisa por mostrar resultados ya le pasaron factura al Gobierno después del fallido alto al fuego bilateral por seis meses con cinco grupos armados anunciado el 31 de diciembre por el presidente Petro, en tres días después fue desmentido por el Eln debido a que el anuncio presidencial no sentó bien en la cúpula de esa guerrilla, según la cual "no puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

"Estamos cayendo en las arenas movedizas de los trinos presidenciales que todos los días deben rectificarse por imprecisos. Hace escasos días anunció que había un 'acuerdo' con el Eln para un cese el fuego. Y el Eln informa rotundamente que ese acuerdo no se ha dado", opinó el exministro Juan Camilo Restrepo, que fue jefe negociador de paz con el Eln durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

La oposición a Petro aprovechó la confusión para criticarle que suspendió las operaciones militares contra los grupos que se acogieron al cese el fuego bilateral de seis meses sin tener la seguridad de que había un acuerdo.

Quizás por ese afán de entegar resultados, al Gobierno le ha faltado la discreción que debe haber en cualquier proceso negociador, así como definir con claridad las reglas de juego, como por ejemplo si se seguirá la premisa de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".

 

 

El espejo de la negociación con las Farc

En las negociaciones con las Farc en Cuba, que se efectuaron entre finales del 2012 y mediados del 2016, el primer punto del acuerdo, sobre reforma rural integral, tardó seis meses y medio en ser aprobado, pero quedó en remojo hasta la conclusión de toda la negociación, que se prolongó por más de cuatro años.

En ese proceso, como en el que intentó con el Eln en el 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos dejó claro también que su política sería la de "negociar como si no hubiese guerra y mantener la ofensiva militar como si no existiese proceso de paz", aprendida del exprimer ministro israelí Isaac Rabin, algo sobre lo que tampoco hay claridad en los diálogos que adelante el Gobierno de Gustavo Petro.

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