EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente, Gustavo Petro, basado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se niega a nombrar reemplazos para alcaldes suspendidos por la Procuraduría General de la Nación, como el de Riohacha, capital de La Guajira.

El mandatario le envió una larga carta al Ministerio Público en la que muestra su disconformidad con que esa entidad inhabilite a cargos públicos elegidos por voto popular. 

En la misiva de 24 páginas dirigida a la procuradora general, Margarita Cabello, Petro apunta las razones por las que no va a ejecutar la orden de suspender por tres meses a José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha.

Petro fue inhabilitado durante su mandato como alcalde de Bogotá (2012-2015) por este organismo y consiguió que le volvieran a habilitar mediante una sentencia de la CorteIDH que decía que un cargo elegido por voto popular no podía ser destituido.

La medida cautelar dispuesta por la Procuraduría de suspender tres meses al alcalde “contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente (...) nada menos el de quedar impedido por orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo”, se lee en la carta.

El presidente considera que la Procuraduría actúa sin acatar las decisiones de la CorteIDH, a quien mandará el concepto para que se actúe como en su caso “Petro vs. Colombia”.

El presidente ha atacado reiteradamente a la Procuraduría por este tipo de actuar después de que en el 2013 el procurador de entonces, Alejandro Ordoñez, decidiera inhabilitarlo para ejercer funciones públicas durante 15 años por haber violado supuestamente normas disciplinarias en la adjudicación de contratos de recogida de basuras de Bogotá.

Petro agotó entonces todos los recursos internos, que no le dieron la razón, hasta que acudió a la instancia internacional que ordenó que fuera reinstalado en su puesto. 

Respuesta

Foto | Tomada del sitio web procuraduría.gov | LA PATRIA 

Margarita Cabello, procuradora general, defiende la decisión de la entidad que lidera.

La procuradora general, Margarita Cabello, aprovechó su participación en una actividad académica en la Universidad Católica de Colombia en Bogotá para cuestionar la decisión de Petro: “El problema es que en un estado de derecho lo que dice una decisión de constitucionalidad, de la Corte Constitucional debe ser acatada por el país entero, incluyendo al presidente de la República, se tiene que acatar le guste o no le guste. A la Procuraduría le dijeron en esa decisión ‘usted puede sancionar’ y tengo la obligación de acatar esas decisiones y de actuar frente a la locura de la corrupción”. 

Otro alcalde sancionado 

El Ministerio Público decidió también esta semana suspender al alcalde de Cartagena, William Dau, durante cuatro meses por comentarios peyorativos contra directivos de la Universidad de Cartagena a quienes tildó de “corruptos” y “nido de ratas”.

“Con su conducta el servidor público faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad, usando expresiones tales como: ‘corruptos’, ‘nido de ratas’, ‘malandrines’ ”, entre otras señaló la Procuraduría.