EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Un juez condenó ayer a 25 años y seis meses de prisión a los hermanos colombianos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que aceptaron su participación en la planeación, financiación y logística del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena).

Así lo informó el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, quien dijo en redes sociales que la condena fue emitida por el Juzgado Cuarto de Cartagena y que "la decisión no fue apelada" por los hermanos Pérez Hoyos.

Pecci, de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en una moto acuática cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, celebrando su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

En enero pasado los hermanos Pérez Hoyos aceptaron su participación en la planeación, financiación y logística del asesinato del fiscal Pecci, por lo que un juez les impuso prisión preventiva ante el riesgo de fuga del país.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado, cargos que fueron aceptados en esa ocasión por los condenados.

Según la Fiscalía, los dos hombres supuestamente hacen parte de una organización delincuencial de alcance transnacional que tendría sus bases en Paraguay.

Además, la investigación determinó que los hermanos Pérez Hoyos supuestamente tuvieron varias reuniones, a las que acudieron en una camioneta gris, que fue incautada, con otros involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles.

Los hermanos fueron capturados en Bogotá y Rionegro, en el departamento de Antioquia, acusados de ser quiénes contrataron a los autores materiales del asesinato.

Durante los allanamientos para la captura de estas dos personas se incautaron documentos, prendas de vestir, diez celulares, cuatro memorias USB, un revólver (traumático), un disco duro, una tableta, una grabadora de sonido, un computador portátil y una camioneta.

La cifra

7 personas han sido judicializadas por esta acción criminal. 4 de ellas aceptaron sus responsabilidades y fueron condenadas, según la Fiscalía.