Contratos laborales de resocialización

Señor director:

El hacinamiento carcelario que enfrenta el país ha alcanzado tal magnitud que la Corte Constitucional, ante la infinidad de tutelas en búsqueda de las garantías fundamentales de los internos y ante las graves violaciones de derechos humanos en los centros carcelarios, lo declaró como un “Estado de Cosas Inconstitucionales”. Para el Estado, el costo mensual de un interno con medida privativa de la libertad en alguno de los 128 establecimientos carcelarios, bajo la supervisión del Inpec, es de unos $2 millones 500 mil, que incluye alimentación, servicios de salud y vigilancia. Actualmente se reportan cerca de 98.000 personas cumpliendo penas privativas de la libertad. Cada una le cuesta al Estado más de $254 mil millones al mes, más de 3,02 billones de pesos anuales. Este cálculo no incluye el costo generado por las Personas Privadas de la Libertad con medidas preventivas mientras se adelantan los procesos penales en centros de detención transitoria.

Los procesos de resocialización de la pena que deben cumplir los establecimientos carcelarios son casi nulos en el país. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, a diciembre de 2023 la tasa de reincidencia en los delitos fue del 21,8%. No obstante, nuestros congresistas consideran que en Colombia los problemas de seguridad se deben solucionar tipificando como delitos más conductas y limitando a la justicia en muchos casos la posibilidad de aplicar medidas privativas de la libertad extramurales. Si a muchos internos se les facilitaran medidas de resocialización, como trabajos comunitarios bajo la vigilancia del Inpec, en labores de mantenimiento de bienes y escenarios y espacios públicos; además de educarse en un arte o actividad laboral con el SENA, podrían garantizar un mínimo vital a sus familias y aportar al sistema de seguridad social integral. Todo esto con la única condición de pernoctar en las instalaciones de los establecimientos carcelarios y mantener una buena conducta.

Se estaría resolviendo el hacinamiento carcelario, generando procesos de resocialización efectiva, garantizando el mínimo vital a las familias de los internos, educándolos en un arte o actividad laboral para que no reincidan en el futuro, aportando al sistema de salud y pensiones, y apoyando en tantas labores de obra y servicios en bienes de uso público.

Sergio López Arias