Con el telón de fondo de la pérdida de 101.000 empleos reanuda su trámite en la Cámara de Representantes el polémico proyecto de reforma laboral. Sobra decir que este no surtió ningún intento de concertación. Por lo visto, este Gobierno solo concierta con los grupos criminales y con quienes acuden a las vías de hecho.

Dicho lo anterior, quiero insistir en que la reforma laboral es desequilibrada, prejuiciosa y, lo peor, les da la espalda a los problemas estructurales en materia de empleo.

Veamos: es desequilibrada, pues crea más de 41 nuevas obligaciones a los empleadores y ni una sola a cargo de los trabajadores y los sindicatos; es prejuiciosa, pues en varios artículos parte del incumplimiento de las empresas para referirse a las multas que les impondrán por inobservar las múltiples responsabilidades que les imponen, y es inconveniente e inoportuna, pues les da la espalda a los informales y a los desempleados, es decir, a los más vulnerables del país. En últimas, el proyecto termina generando más prebendas y beneficios para los pocos que hoy en día gozan de un contrato de trabajo formal.

Esta reforma es abiertamente contraria a una política de generación de empleo que se necesita con urgencia. Además, encarecerá el empleo formal. Todo, como siempre, con una alta dosis de ideología. Esta reforma no tiene un solo artículo que apunte a resolver el problema de la informalidad y, menos aún, a generar un puesto de trabajo. Está hecha para complacer a los sindicatos y retribuir el apoyo a la campaña de Petro. Y claro que esconde un propósito eminentemente politiquero de cara a las elecciones de 2026.

La reforma eleva sustancialmente los costos laborales, comenzando con los recargos nocturnos y los dominicales. Estos incrementos incentivarán más informalidad y subirán los precios de los bienes que se producen en la industria del país.

Las indemnizaciones por despido pueden llegar a incrementarse hasta en un 165 %. Tendremos, entonces, las tasas más elevadas de indemnización en comparación con las de toda América Latina (63,8 %).

El proyecto abre la puerta para que el contrato de aprendizaje mute a un contrato de trabajo y tiene como fin buscar la sindicalización de los aprendices. Aquí hay un incentivo perverso, y es que las empresas se verán tentadas a pagar la monetización en lugar de contratar a los aprendices.

Como las anteriores, he detectado 14 problemas muy graves en el proyecto, relacionados con permisos, licencias y nuevas obligaciones al empresario, nueva reglamentación de los procesos disciplinarios y limitaciones al contrato a término fijo y otros relativos a tribunales de arbitramento y pactos colectivos. Sobre todos estos temas hay que poner la lupa, por su impacto en los costos laborales que hacen perder competitividad a nuestras empresas y desincentivan la creación de empleos formales como los del sector rural.

Difícil encontrar un peor momento para elevar en cerca del 30 % los costos al aparato productivo, con una economía estancada y con la incertidumbre de una nueva reforma tributaria.