Convocar a la unidad de las fuerzas políticas tradicionales para organizar una coalición mayoritaria que le haga oposición al Gobierno, no deja de entusiasmar a ciertos sectores de opinión que piensan que aquí todo estaba funcionando muy bien hasta que llegó Petro a la Presidencia. No aceptan que la crisis de ahora no es nueva, y que, al contrario, es la consecuencia de años y años, siglos, de ineficiencia estatal, marginalidad política, exclusión social, corrupción, impunidad y violencia.
Por los mismos días en que German Vargas Lleras convocó la alianza para ejercer la oposición, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en una proclama que pasó desapercibida, y que llamó, Construir Consensos, dijo: “La democracia ya no es una lucha de ideologías, sino una coincidencia de diálogos que es necesario enriquecer todos los días para garantizar la concordia en la diversidad…no tiene sentido profundizar las distancias y fracturar los lazos que nos unen, sobre todo cuando vivimos una problemática tan aguda como la que afecta a nuestra sociedad”.
Siendo cierto que la oposición a un gobierno es siempre saludable desde el punto de vista del ejercicio democrático, también lo es que la Ciencia Política distingue dos tipos de oposición; una obstruccionista, que se opone a todo, y que le apuesta al fracaso del gobierno como presupuesto necesario para ubicarse como alternativa de poder; y otra constructiva o propositiva que busca como dice el investigador Eduardo Pizarro Leongómez, “…separar el grano de la cizaña, es decir, vota a favor de lo que considera positivo para el país y se opone a lo que considera negativo e, incluso, tiene en mente coadyuvar con las políticas del gobierno y sus proyectos de ley para mejorar su calidad y pertinencia.
La oposición obstruccionista que plantea Vargas Lleras, sin duda es una opción complicada: sería la primera vez que en Colombia se constituye un bloque mayoritario estable para oponerse a la acción de un gobierno; podría servirle a Petro de excusa para justificar la inmovilidad de su gestión y apelar de paso a caminos institucionales no muy ortodoxos para intentar sacar adelante sus reformas.
Es muy difícil recomponer la coalición mayoritaria que logró constituir el gobierno al comienzo de la legislatura; más allá de lo meramente episódico, resulta muy poco probable que en el marco de un sistema político desordenado y anárquico se puedan lograr acuerdos estables y duraderos en torno a las más profundas y perentorias reformas que necesita y reclama el país. En este estado de cosas cobra mucha relevancia el Manifiesto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; Colombia y el mundo no han sido ajenos a la construcción de grandes acuerdos que les han permitido superar profundas crisis: El Frente Nacional significó para Colombia la superación de la guerra civil no declarada que enfrentó a mediados del siglo pasado a liberales y conservadores. Este acuerdo tocó también algunos elementos relacionados con la modernización del Estado y en ciertos aspectos amplió la democracia al permitir mediante el referéndum que lo desarrolló en 1957, el voto de las mujeres. De otro lado, y esa debería ser una lección aprendida, el Frente Nacional excluyó a fuerzas políticas distintas al liberalismo y al conservatismo del manejo del Estado y propició, en buena medida, el surgimiento del movimiento guerrillero bajo la justificación de que era imposible acceder al poder político mediante un camino distinto al de la lucha armada.
En el ámbito internacional, es bien conocido el Pacto de la Moncloa, que bajo el liderazgo de Adolfo Suárez convocó a partidos políticos de todas las tendencias de España, aun los ilegalizados, como el Partido Comunista de Santiago Carrillo, y a las organizaciones empresariales y sindicales. Lo firmaron el 15 de octubre de 1977 en el sitio que le dio su nombre y que es la sede de la Presidencia del Gobierno Español, luego de la muerte del dictador Francisco Franco acaecida en 1975. Fue un acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía y el Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política.
El Pacto le permitió a España superar las profundas divisiones derivadas de la brutal guerra civil que vivió de 1936 a 1939 y hacer el tránsito sereno a la democracia plena después de la larga noche de la dictadura de Francisco Franco.
Cuatro décadas duró vigente el Pacto de Puntofijo, el acuerdo de gobernabilidad firmado por los partidos políticos venezolanos, Acción Democrática, Copei y la Unión Republicana Democrática, URD, el 31 de octubre de 1958 para intentar conseguir normalizar el sistema democrático después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez; lo logró, y mantuvo, además el país en paz, y con altos niveles de crecimiento económico durante largos años.
Hay que buscar un gran acuerdo para estudiar y concertar las reformas no solo de la salud, las pensiones y el régimen laboral sino también la educación, la justicia, el sistema político y el Estado, empezando por su dimensión territorial, es decir, “cambiar el Régimen” tal y como lo proponía el inmolado dirigente conservador, Alvaro Gómez para quien en ese propósito era necesario un Acuerdo sobre lo Fundamental a fin de transformar “este sistema de complicidades clientelares que prevalece sobre el sistema de solidaridades que debe ser el elemento sustancial de la democracia”.
Pactar debe significar entonces la seria posibilidad de avanzar hacia el cambio reflexivo y sensato que necesita Colombia.