Varios episodios escandalosos llamaron especialmente la atención de los colombianos esta semana: aunque no son una novedad en esta sociedad nuestra, que pareciera ya estar curada de espantos, sí son singulares en la medida que afectan de manera simultánea varios órganos del poder público. Los hechos relacionados con los al parecer manejos criminales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afectan por igual, de manera un tanto inédita, al legislativo y al ejecutivo, simultáneamente.
La acusación directa a los presidentes de Senado y Cámara, de haber recibido dinero para apoyar la agenda legislativa del Gobierno, fue recibida con estupor por las distintas fuerzas políticas del Congreso. Más aún con la afirmación de que por lo menos 15 congresistas fueron fletados en la misma operación. Más consecuente con la necesidad de intentar aclarar el panorama, Iván Name dio la cara, pronunció un discurso ante la plenaria del Senado, y llamó a la calma con sus explicaciones. No así, Andrés Calle, presidente de la Cámara, que hasta ahora no ha pronunciado palabra.
La elocuente intervención del ministro del Interior, en la misma plenaria del Senado, intentó sacar al presidente de la embarrada de haber nombrado a un eventual delincuente en la dirección de la UNGRD. Lo cierto es que ambas salen muy lastimadas de estos hechos: el Congreso, que había venido recuperando algo de popularidad en este período, cae de nuevo y continúa perdiendo legitimidad. Y la Presidencia, que se encuentra ahora con un legislativo más receloso en avanzar con la agenda gubernamental. Esa agenda está virtualmente malograda, y no solo por eso, sino por el paso del tiempo.
Con la decisión que tomó la Cámara de Representantes, de suspender el estudio de los proyectos puestos a consideración por el Gobierno se está enterrando virtualmente su programa social. Aunque en el Senado se propuso la misma medida, no fue aprobada. No hay, sin embargo, dudas en cuanto a que la tarea legislativa se va a ralentizar, y que el control político se va a exacerbar.
Los liderazgos institucionales de Senado y Cámara se han debilitado, y el presidente ha seguido perdiendo capacidad de interlocución política con el Congreso. No basta con que el ministro del Interior diga que el Gobierno siente vergüenza por la designación de Olmedo López en la UNGRD. Integrar el equipo de la Administración central entraña para el nominador, en este caso, el presidente, una clara responsabilidad política que el Gobierno tiene que asumir, y que se puede medir en términos de más pérdida de capacidad de interlocución con un Congreso, ya bastante díscolo.
Para completar, la declaratoria de inexequibilidad de la ley que creó el Ministerio de Igualdad, reitera al Congreso sobre los riesgos de aprobar leyes sin certificación de disponibilidad fiscal. Al presidente Petro no le gustan las formas, pero a la Corte Constitucional, sí. Pendientes de tramitarse hay leyes muy importantes: la pensional, la de salud, la laboral, la de educación, la de jurisdicción agraria, la de justicia, la de paz total, y la reforma tributaria. El éxito del Gobierno, o por lo menos el cumplimiento de buena parte de sus promesas de cambio, dependen en alta proporción de la aprobación de esas leyes. Creo que aquellos que tienen pánico de que se aprueben, pueden dormir tranquilos. Y los que le apuestan al éxito de esas promesas, tienen que empezar a preocuparse por que el cambio que prometieron está trastabillando.
No contribuye a superar este ambiente institucional enrarecido, la actuación de dos consejeros electorales que le proponen al pleno de ese organismo aprobar un pliego de cargos contra el presidente Petro por la supuesta violación de las normas sobre financiamiento de su campaña. Hay serias dudas sobre la competencia de este Tribunal para actuar de esa manera. Y más, cuando uno de los magistrados ponentes de ese pliego, Álvaro Hernán Prada, antiguo y beligerante contradictor político de Petro, hoy está sindicado e investigado por la Corte Suprema de Justicia. La solución no está en la democracia callejera ni en las delirantes apuestas de una Constituyente imposible; solo la unidad nacional, entendida como el gran acuerdo ciudadano para defender la democracia por las vías institucionales, nos sacará de este azaroso ambiente enrarecido.