El retroceso de 10 puestos, del 29 al 39, en el ranking del Foro Económico Mundial de Índice de Transición Energética ratifica que la estrategia de prohibicionismo ambiental por sí sola no garantiza resultados ambientales. Con mucho orgullo el Gobierno sistemáticamente viene negando licencias ambientales de cobre, oro, concesiones de puertos, autopistas, inclusive de los proyectos de energías renovables. El colapso de inversión al nivel más bajo como porcentaje del PIB desde el 2005 tiene varias consecuencias, pero desaprovechar el interés nacional e internacional de invertir en sostenibilidad claramente hace daño al medio ambiente. 
Las grandilocuentes exigencias en foros internacionales pierden fuerza si localmente no hay resultados en construir una economía más sostenible. Negar los proyectos de desarrollo por “razones ambientales” tendrá un aplauso momentáneo, pero nos atrapa en la irremediable posición de quedarnos en más de lo mismo. No hay iniciativa, no hay cambio. Es razonable que el antiguo Fondo de Adaptación, que imperfectamente venía haciendo la tarea que impone el cambio climático, pase de Minhacienda a Minambiente. Para empezar ese Fondo debe alinear los variados proyectos de inversión a nivel territorial con las diferentes Corporaciones Autónomas. En vez de hacer tanto micro proyecto se deben hacer grandes iniciativas con una gran bolsa: solucionar la erosión costera del Caribe, resolver problemas de la Mojana, prevenir deforestación en el Amazonas, etc.
Esperemos que a pesar del fracasado esfuerzo de fin de año, de elegir aliados de la vicepresidenta, Francia Márquez, en estos cargos, se pueda dialogar con los directores, aunque no sean de la cuerda política del Gobierno o sean apolíticos. Inclusive, a pesar de la desconfianza de la inversión privada del Gobierno, la clave sería utilizar recursos públicos para jalonar inversión privada. Desafortunadamente el afán fiscal del Gobierno debilitó la posibilidad del pago de impuestos con conservación en la última tributaria. Pensar en mecanismo de mercado para lograr la transición energética podría facilitar la inversión extranjera.
Ahora que va a ser anfitrión de la COP 16 de Biodiversidad en el 2024 tiene muchas lecciones del mercado de créditos de carbono para promover bonos para financiar la protección de la biodiversidad. Si bien Colombia no es un gran emisor, ni actual ni histórico de dióxido de carbono y tiene una capacidad intermedia de remediación, sí es una potencia global en biodiversidad. El segundo país más biodiverso del mundo en términos absolutos después de Brasil, el cambio climático está arrasando con nuestra biodiversidad. Con la meta de proteger 30% de la biodiversidad global en la última reunión en Montreal, se debe construir la infraestructura institucional para que estos fondos se materialicen. Se deben validar proyectos, fijar prioridades de biodiversidad, tener mecanismos de verificación, vincular comunidades, y priorizar soluciones naturales. En materia de biodiversidad los recursos pueden ser sustanciales, pero hay que crear un mercado. A la fecha no está clara la estrategia de transición energética del Gobierno. Ni siquiera de campañas que promocionen mejores hábitos de consumo en el hogar. Esperemos que estos recursos para el medio ambiente, que históricamente tienen bajos niveles de ejecución por la falta de proyectos, no acaben nuevamente en manos de consultores ambientales. El Gobierno encontrará que un plan ambicioso de transformación hacia la sostenibilidad tiene más aliados que su coalición de Gobierno.