En derecho se anota que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El Congreso de la República negó el presupuesto presentado por el Gobierno nacional para el 2025 por considerar que no estaban claras las fuentes para su financiación. En el mejor de los casos la desfinanciación pasa por un déficit de $12 billones, aunque hay quienes dicen que esta podría ser dos veces más. Cuando se gasta más de lo que se puede tener, la economía falla y la quiebra está a la vuelta de la esquina. La decisión tomada por el legislativo parece responder a razones y a la falta de respuestas que dieran tranquilidad a los congresistas en este tema.
Entonces, si se hundió el presupuesto del 2024 y tendrá que aplicarse por dictadura fiscal, es evidente que la ley de financiamiento, como la llama el Ministerio de Hacienda, o reforma tributaria, deberá seguir la misma suerte y hundirse en el Congreso, independiente de que sea un proyecto de ley diferente, pues su razón de ser es ejecutar el presupuesto. El problema es que al negarse el Congreso a aprobar la norma original, desde el Ejecutivo se asume que quedaron aprobados, y para ejecutar por él, los $523 billones presentados originalmente.
Sin embargo, hay quienes que sostienen con criterio jurídico que el Gobierno no podrá ejecutar ese total, toda vez que sin los 12 billones simplemente no se alcanzaría ese monto, del que se depende para cubrir los gastos y la inversión. Lo que queda pendiente de financiarse, deberá quedarse durmiendo el sueño de los justos, porque sería irresponsable gastar más de lo que se puede tener.
Esa es la razón para que desde el Ministerio de Hacienda se insista en la aprobación de la reforma tributaria y el Gobierno ha dicho que demostrará que es técnica y jurídicamente viable. Incluso el ministro del Interior, desde Manizales, anotó que en asuntos como mantener la regla fiscal que hoy se aplica en el país es posible llegar a un consenso con los legisladores. No obstante, no tendría sentido la aprobación de esta norma, si no se aprobó su razón de ser, el presupuesto del 2025.
Parece que será inevitable la dictadura fiscal, pero el Gobierno no debe llamarse a engaños. Cuando en entes territoriales se ha aplicado esto, los organismos jurisdiccionales y de control han dejado claro que en todo caso la Administración no podrá hacer modificaciones al proyecto original y deberá ejecutarlo tal cual lo presentó. En caso de necesitar traslados, algo que casi siempre se requiere, tendrá que pasar por el Legislativo, que no ha cedido su función de aprobador del presupuesto.

La dictadura fiscal no le entrega la posibilidad al Gobierno de hacer lo que quiera. Al contrario, todo se vuelve más riguroso. Adicionalmente, es importantísimo que el Gobierno desista de una vez por todas de la idea expresada por el presidente en varias oportunidades de que podría imprimir dinero. Eso nos llevaría a perder toda la seriedad en materia económica, y lo peor, la devaluación no tendría vuelta de hoja. Es necesario que en asuntos fiscales, prime la ortodoxia y no la creatividad financiera que algunos parecen tener en este Gobierno.