Colombia necesita una reforma pensional, pero persisten las dudas de si la que le conviene es la que aprobó el viernes la Cámara de Representantes, que tiene visos de haber violado el principio de deliberación al haber acogido el texto aprobado el Senado para agilizar el trámite y no entrar en debates. Congresistas de los partidos de oposición se quejaron del “pupitrazo”, pero también lo hicieron otros que le han aprobado sin reservas proyectos de ley al Gobierno Petro, porque aseguran que no todo el contenido es lo más conveniente al país.
Se perdió la oportunidad de que fuera un cambio pensional construido por consensos políticos, que tanta falta le hacen al Gobierno nacional. Con lo sucedido, hay riesgo de demandas ante la Corte Constitucional para que verifique si lo aprobado fue legal. Eso podría echar al traste el nuevo modelo que busca aplicar el Gobierno a partir del 1 de julio del 2025, que establece otro forma para afiliarse cotizar y adquirir derechos para pensionarse.
El nuevo modelo plantea el pilar Solidario, para adultos mayores en vulnerabilidad que recibirán al mes $223 mil; según el Gobierno, con recursos que saldrán del presupuesto nacional, subcuenta Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, para cubrir a tres millones de personas (mujeres a partir de 60 años y hombres de 65). Se entiende como apoyo social, sí; pero cuando se cruza con lo fiscal salen a flote las dudas. Con un presupuesto menguado por el propio Gobierno y la economía que no crece, cómo va a honrar este compromiso. Muy grave que sea un anuncio populista y se quede en los primeros pagos, pero después desaparezca. Existe Colombia Mayor, que paga $80 mil a 1,7 millones de ancianos, y se podría haber pensado en ampliarlo, basado en cálculos financieros reales.
Este modelo pensional pone a los jóvenes a perder, porque no los incentiva a cotizar. El pilar Contributivo se manejará solo en Colpensiones para quienes estén en un umbral hasta 2,3 salarios mínimos ($2 millones 990 mil a valores de hoy), y cuando se supere, los recursos adicionales tienen que ir a fondos privados. Pone en riesgo el ahorro de la gente al obligarla a estar en el sistema público con una parte de sus aportes, sin que Colpensiones esté preparada para recibir a 20 millones de usuarios más. Hoy tiene 6 millones y apenas funciona. Se quería proponer cambiar la fecha de la vigencia, pues en un año es muy difícil que Colpensiones asuma esta carga pensional y siga con la que tiene.

Las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas y los hombres 900, quedan en régimen de transición y podrán seguir cobijados por las leyes anteriores para llegar a una pensión. El nuevo modelo tocará es a quienes están en sus primeros años de vida laboral y a las próximas generaciones, pues contempla también un pilar Semicontributivo al que le tendrá que aportar recursos el Gobierno para los que no reúnan los requisitos de pensión y accedan a una renta vitalicia de vejez; sumado a que habrá un tratamiento preferencial para cobijar con pensiones a comunidades indígenas, étnicas y campesinas. De dónde saldrán todos estos recursos si el mundo entero está exigiendo es ahorro fiscal, pero se promueve es el gasto. Eso puede llevar a que esta reforma muy pronto sea insostenible.