De cal y de arena, así es todo proyecto de reforma tributaria, pero el denominado por el Ministerio de Hacienda como ley de financiamiento, que radicó esta semana en el Congreso, propone varios asuntos que causan mucha preocupación. Análisis preliminares de Fedesarrollo indican que la iniciativa busca ampliar el gasto del Gobierno en $11.8 billones para el 2025, recaudando el 0,3% del PIB el próximo año, el 0,1% en el 2026 y sin efectos para el 2027. La entidad da un parte de tranquilidad, porque interpreta que el Gobierno reconoce que no hay cómo aumentar de más la carga de impuestos en una economía que apenas está iniciando su recuperación y crece a un ritmo lento.
Pero plantea un nuevo régimen de tributación, concentrado en reducir la tarifa de renta para las empresas pequeñas con tasas por debajo de las actuales del 35%; eliminar el régimen simple de tributación, e incrementar la tarifa tributaria para personas, que pasaría de 39% a 41% para rentas líquidas gravables mayores a $121 millones mensuales (superiores a $1.500 millones al año), en las que estaría solamente el 1% de la población ocupada, agrega Fedesarrollo. Sin embargo, mantener estas medidas en el tiempo podría desincentivar el crecimiento empresarial porque todos querrán quedarse como pequeños para no tener que pagar más.
El proyecto tampoco amplía la base tributaria, excepto por los juegos de suerte y azar digitales, a los que sí se les comenzaría a cobrar el IVA; pero no incluye a sectores profesionales y comerciales que hacen una gran evasión aunque tienen altos patrimonios. Todo lo contrario ocurre con la propuesta de reducir el umbral del impuesto al patrimonio, llamado también impuesto a la riqueza, que no se ve positivo porque no define qué se considera riqueza y en un país en el que la clase media es la más predominante, limitaría las inversiones que son las que se están esperando en la reactivación económica. Colombia es de los cinco países que aún tienen vigente este impuesto, ya se debería estar contemplando erradicarlo.
También preocupa que el Gobierno esté proponiendo triplicar el impuesto al carbono e incluir el carbón dentro de esta base gravable. Los efectos que esto pueda ocasionar a la inflación y a la actividad económica nacional en materia de precios de combustibles deberán ser analizados con mayor profundidad por el Congreso. Hay que ir avanzando en la transición energética y esto puede ser parte de eso, pero como siempre lo hemos dicho, debe ser un proceso gradual que no afecte la economía, todavía muy dependiente del carbón.

Este proyecto de reforma tributaria está ligado a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2025, cuyo monto es de $523 billones y que las comisiones económicas de Senado y Cámara reprobaron porque está desfinanciado en unos $12 billones. Dicho faltante se ha convertido en el quid del asunto, si se deja por fuera el desfinanciamiento, no se requeriría entonces seguir el trámite de un proyecto de ley, que en realidad es una reforma Tributaria, así el Gobierno quiera darle otro nombre. Lo otro es que hay que ser sensatos y en todo este contexto el deber del Gobierno es ejecutar el presupuesto en inversiones y reducir lo más que pueda sus gastos de funcionamiento. Mantenerse en una deuda alta de la Nación conlleva a que suban las tasas de interés y eso terminará afectando el equilibrio macroeconómico.