Peter Drucker, considerado el primer científico social, pensador, filósofo y profesor, sostenía: “Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar”. Lo saben de sobra los docentes colombianos, porque en su oficio están todo el tiempo midiendo los conocimientos de sus estudiantes, evaluándolos; lo que no puede quedarse en un sentido vertical de la relación docente-alumno; a los maestros también hay que evaluarlos y con nuevos instrumentos.

Sin las pruebas de evaluación docente, el proceso educativo se queda a medio camino, con falencias, y la calidad no se puede mejorar. Se perdería el criterio para establecer quiénes son los buenos docentes, exaltarlos y promoverlos, y a los que no lo logran, buscar que inicien procesos de mejoramiento y cualificación para que sigan ejerciendo su profesión; pero los que no cumplan, pues que sean separados del cargo, que seguramente serán una escasa minoría. Por eso, no se concibe que las protestas contra una nueva evaluación sean parte de los argumentos del sindicato Fecode, que los agremia, para haber iniciado un paro nacional.

Nada sano para el magisterio que, en estos tiempos de globalización, de ser más universales, mantenga retardatarias posturas alegando que lo aprobado por el Senado de la ley estatutaria de educación representa un paso a la privatización del sector, todo porque se incluyeron propuestas como el enfoque mixto de educación, que provino de partidos de oposición política al presidente Petro. Se sabe que Fecode es un sector que lo apoyó decididamente para que llegara a la Presidencia, pero no puede salir a pedir que retiren el proyecto de ley porque lo considera inconveniente. La prioridad para todos debe ser la educación de niños y adolescentes en Colombia, y no es con paros como van a lograr victorias.

Otro asunto bien diferente, que buena parte del país apoya y acompaña, es la protesta que haga el magisterio por el pésimo sistema de salud que les impuso el Gobierno nacional, que va a completar un mes y medio de operaciones en medio de denuncias, quejas y críticas porque dejó más abandonados a los educadores y a sus beneficiarios de lo que estaban antes. Acceder a servicios adecuados de salud es un derecho, para todos, incluyendo a los maestros. Lo que no está bien es que Fecode, a pesar de las crudas realidades que se han visto desde la puesta en marcha del nuevo modelo de salud del magisterio, guarde silencio y no salga a abogar por sus afiliados.

La ministra de Educación está firme en que no retirará el proyecto de ley, que propone además la creación de una necesaria Superintendencia de Educación, como organismo que se encargue de la inspección, vigilancia y control y que, contrario al rechazo que de esto hace Fecode, representará una ganancia desde que funcione despojado de intereses politiqueros y cumpla con rigor sus funciones con instituciones educativas de todos los niveles. Nada de esto se puede catalogar en contra del derecho fundamental a la educación, ni abre la puerta a la privatización del sistema educativo colombiano, más bien lo mejora. El magisterio está en mora de entenderlo.