Hace 76 años en París fueron promulgados los derechos humanos, durante una asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas; sin embargo, siguen siendo vulnerados. Prueba de ello son las guerras y los conflictos armados que no paran en el mundo; las vulneraciones por cuestiones de raza, género, religión, clase. La Defensoría del Pueblo en Colombia describe los derechos humanos como universales, inalienables, incondicionados, esenciales, indivisibles, interdependientes, intangibles, imprescriptibles, inviolables. La pregunta es si como como sociedad permitimos que se cumplan estas característas o nos falta mucho para llegar al menos a unos mínimos en los que el derecho a la vida debería primar por sobre todas las cosas.

Ayer se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría reportaron cifras alarmantes. 87 líderes sociales asesinados en el primer semestre de este 2024, 91 amenazas contra ellos y 74 veces en las que estos organismos tuvieron que activar una ruta de protección para hacerle frente a graves situaciones en materia de derechos; especialmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca. Pero en todos los territorios del país se volvieron frecuentes los escenarios de violación a los derechos, que impiden la supervivencia, la libertad y el bienestar de las personas y los ponen como víctimas.

Los paros armados que han dejado sitiada e incomunicada a la población civil, ordenados y ejecutados por disidencias y guerrillas, están mostrando que en Colombia no hay garantía plena de derechos humanos y que todavía nos hace falta trabajo y ejercer la autoridad para cumplir. La Procuraduría informa que este año se han dado en Chocó siete paros armados, como un patrón de agresión y hostilidades que instauraron grupos armados ilegales que buscan perpetuar su poder y dominio.

Para nuestro caso, la Defensoría del Pueblo asegura que el 60% de las quejas que recibe en Caldas son por vulneraciones al derecho a la salud, y así ha sido durante los últimos años en este departamento, muy relacionado con las barreras para el acceso a atención médica, a medicamentos o medicinas especializadas y saturación del sistema hospitalario. Lo más gravoso es que a pesar de que el organismo hace acuerdos con las entidades de salud, estas no cumplen con el servicio a los afiliados y por eso se debe acudir a la vía judicial, comprometiendo más la vida de las personas.

Hay que sumar también en Caldas los delitos sexuales con menores de edad, las violencias contra la mujer, las amenazas a líderes, el hacinamiento en las cárceles y centros de reclusión transitorios y el conflicto, porque así no tengamos enfrentamientos armados no exime a este departamento de la presencia de grupos ilícitos que en muchos casos están actuando a través de terceros, casi siempre relacionados con el microtráfico. Procurar la garantía de los derechos humanos es algo urgente aquí y en el resto del mundo, debe convertirse en un desafío como humanidad. Sus violaciones no pueden seguirse normalizando.