El hambre no puede esperar

El llamado es a que el sector público y el privado, y la sociedad toda elaboren y exijan políticas consistentes que no dejen al garete, cada inicio de año, programas como el de la nutrición para los más vulnerables. La meta que se fijó el Municipio en el 2007 de erradicar la pobreza extrema y el hambre en Manizales, como parte de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, parece imposible de cumplirse con decisiones como las que tuvo que tomar la Alcaldía para seguir una recomendación que les hizo la Contraloría General seccional Caldas.

La semana pasada se conoció que la Secretaría de Salud debe seguir contratando por licitación las raciones de desayunos y almuerzos para 20 mil 910 personas, entre niños, adolescentes y madres gestantes.
Puede que la sugerencia que elevó el organismo de control, a mediados de noviembre del 2009, haya sido sana. La pretensión es diseñar contratos más transparentes y garantizar el derecho a la igualdad de los interesados en ejecutarlos. Pero no se tuvo en cuenta que para hacerlo el Municipio debería esperar hasta este año, y ahora los que están en riesgo son los escolares de planteles públicos que no recibirán durante por lo menos 50 días el almuerzo mientras se cumple el trámite.

Temen algunos de los que prestaron el servicio hasta el año pasado, como Nutrir, que la desnutrición aguda, aquella en la que el niño no tiene el peso adecuado para su altura, y de la que se puede recuperar, aumente o pase a ser crónica.

Esto porque se ha vuelto común en Manizales, debido a la situación de pobreza, que los escolares lleguen de sus vacaciones sin el peso que habían recuperado con las ayudas del refrigerio y el almuerzo. Si a esto se le suma el mes y medio más que estarían sin las raciones, el problema raya con la gravedad.

Expertos indican que un almuerzo y un refrigerio llenan el 70% del valor calórico diario que demanda un escolar, y en ello es loable lo que viene haciendo la Alcaldía desde hace por lo menos 12 años, pero ahora no se entiende por qué no se buscó una forma de agilizar el trámite para que miles de estudiantes no se queden sin su nutrición diaria.

También distancia de alcanzar el Objetivo del Milenio que según estadísticas institucionales, invertir un 1% en la reducción de la desnutrición es bajar la pobreza en un 4%. Por algo países como Chile, que tenía en 1960 un 37% de desnutrición, pasó en el 2007 a bajarla al 0,2% a través de políticas de Estado.

A la ciudad le falta en este reto. El Plan de Desarrollo (2008-2011) del alcalde Juan Manuel Llano señala como metas obtener un porcentaje de desnutrición global en menores de 5 años de 5%, y reducir la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en esa misma población. La sola desnutrición aguda está entre 7% y 8%, según la Secretaría de Salud, y falta un año y 10 meses para finalizar esta Administración.

El llamado es a que el sector público y el privado, y la sociedad toda elaboren y exijan políticas consistentes que no dejen al garete, cada inicio de año, programas como este, de nutrición para los más vulnerables. La ley exige cumplir normas, pero antes están los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo.

En materia laboral este inconveniente que atraviesa el Municipio por un cambio en la contratación, también afectará a quienes trabajan en el programa. Cientos de personas, en especial mujeres, quedarán cesantes mientras se define quién se ganará el o los contratos.

De paso, como lo dijeron algunos educadores en el informe que este diario publicó el pasado sábado, se prevé un aumento en la deserción escolar. Uno de los ganchos para atraer estudiantes a las aulas es el complemento nutricional, pues todavía en Manizales hay niños que llegan a clase sin comer o con solo agua de panela en sus estómagos.

La Secretaría de Educación no se puede quedar con el argumento de que el manejo es injerencia del despacho de Salud. La calidad y la cobertura también radican en mantener en buenas condiciones a los escolares. Por eso con semejante riesgo que se corre le urge a la Alcaldía buscar una salida jurídica a este problema que atenta contra la calidad de vida de los más pobres.