A los ciudadanos les explicaron que el predio no se podía ocupar y salieron de manera pacífica.

Fotos | Cortesía | LA PATRIA

A los ciudadanos les explicaron que el predio no se podía ocupar y salieron de manera pacífica.

La finca El Cilindro, ubicada en la vereda El Paraíso, de Anserma, pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras la extinción de dominio aplicada en septiembre pasado. Las autoridades indicaron que un hombre, quien pagó condena, la utilizó para fabricar estupefacientes.

En esa oportunidad, dos mujeres que son familiares del sujeto, denunciaron que el proceso fue arbitrario, dado que él no era el propietario y ellas terminaron en la calle. Aunque LA PATRIA intentó hablar con la entidad, esta nunca respondió.

Hoy la finca es nuevamente centro de controversia, pues el pasado miércoles las autoridades tuvieron que intervenir el predio para desalojar a una familia que pretendía instalarse allí.

 

Obstaculizaron la vía de acceso

Habitantes del sector denunciaron el hecho y el miércoles de la semana pasada se llevó a cabo la diligencia. Actualmente, la Cooperativa Multiactiva Caldas Paz es su poseedora y espera adelantar allí proyectos productivos.

Al sitio arribaron funcionarios de la Alcaldía, la Inspección de Policía, Personería, Policía y de Derechos Humanos, quienes entablaron un diálogo con la comunidad indígena.

Sin embargo, para llegar tuvieron tropiezos, dado que la vía terciaria que comunica con la finca estuvo obstaculizada con rocas y troncos de árboles, por lo que primero tuvieron que retirarlos para avanzar.

Una vez en el predio, las autoridades dialogaron con los ciudadanos, lograron que desistieran de la ocupación y desalojaran el terreno de manera pacífica. La Personería informó que estas personas habrían llegado bajo presuntas amenazas y les brindarán acompañamiento para que expongan su situación a la Fiscalía.

 

Buscaron soluciones con los indígenas

Carlos Andrés Giraldo, inspector de Anserma, sostuvo que problemas personales llevaron a una familia a salir del asentamiento de El Retiro y decidió buscar otra propiedad.

Tras conocer el hecho, acudieron antes de que pasaran 48 horas, que es el tiempo establecido para efectuar un desalojo. Pudieron reubicarlos en la comunidad Río del Flor, aunque este sitio también está en litigio.

Giraldo añadió que en este último no hubo una reacción oportuna el año pasado y se adelantan las audiencias por perturbación, mientras esperan que el Gobierno nacional y autoridades indígenas se pronuncien.

 

Compañía de Derechos Humanos

Durante la diligencia, un representante de Derechos Humanos de la Policía acompañó las diligencias y según las autoridades, se garantizó un proceso con garantías para los ciudadanos.

 

*Con información del Informador de Occidente

 


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