LA PATRIA | Manizales*

Casas lujosas y pequeños edificios nuevos y modernos. Una propuesta gastronómica más amplia, aumento del comercio, una industria textil en expansión y hasta la construcción de una piscina semiolímpica en proceso. El progreso se nota en el casco urbano de Riosucio. Donde parece estancarse el tiempo es en la zona rural, donde desde hace por lo menos siete años se escuchan las mismas denuncias de inseguridad.

Quema de trapiches paneleros, aparición de grafitis alusivos al Epl y al Eln, hostigamiento y amenazas a los reincorporados de las Farc en la zona, la investigación de la muerte (el año pasado) de uno de ellos. Denuncias de presencia de hombres armados, vestidos con ropa oscura que se movilizan en motos por el territorio en la noche.

Siete años denunciando lo mismo. Siete años pidiendo investigaciones. Siete años durante los que las autoridades del departamento niegan y vuelven a negar que haya grupos armados en Caldas. Siete años.

En su defensa, las autoridades de Caldas coinciden en asegurar que no hay denuncias formales ni pruebas de los hechos. “A uno allá no lo cuida nadie. Yo no denunciaría”, dijo una fuente que debido a su trabajo recorre hace varios años la zona. Pidió no publicar su nombre por temor. Es evidente que algo pasa en esta región de Caldas donde por años vivieron el terror de las acciones de grupos armados ilegales como Epl, Farc y paramilitares.

La fuente comentó que desde meses atrás comuneros de los resguardos indígenas le aconsejan no ir solo a la zona y abstenerse de moverse en ciertos horarios. Le han hablado de la presencia de encapuchados que incluso han ingresado a casas a la fuerza. “La comunidad tiene mucho temor”, concluyó.

Foto | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

La Defensoría del Pueblo confirmó que en zona rural de Riosucio (Caldas) hay Grupos Armados Organizados. Autoridades regionales lo niegan insistentemente.

Denunciar y quedarse solo

“La gente no habla de eso. Ese tema no se lo tocan a nadie”, aseguró Daimer Manuel Moreno Rengifo, personero de Riosucio. El funcionario cuenta que por lo menos cinco personas, incluidos líderes de los resguardos indígenas, se han acercado a él en los últimos meses a denunciar que han visto a hombres armados en los resguardos Escopetera y Pirza, en límites con Quinchía (Risaralda), en Cañamomo y Lomaprieta y en La Montaña. “La gente tiene miedo de acercarse a las instituciones a denunciar y que se sepa que lo hicieron”.

Hasta el personero dejó de ir a las zonas rurales. Les pide a las autoridades que no se centren solo en el caso del supuesto empalado que se registró en enero pasado, pues se comprobó que este hecho no tiene relación con las denuncias sobre hombres armados.

“Es una situación alarmante, pero son los organismos de inteligencia los que deben investigar y hasta ahora no han presentado un informe detallado sobre la situación. Se dedican solamente a deslegitimar, a decir que no, pero sin justificar”, se quejó.

“No puede ser que la comunidad denuncie, denuncie y denuncie y que no se le preste atención”, reiteró. Pidió algo muy simple, que las autoridades investiguen.

Foto | Archivo | LA PATRIA 

El secretario de Gobierno de Caldas dice que los grafitis alusivos a grupos armados son en realidad obra de grupos de delincuencia común que quieren generar zozobra.

Sí hay grupos armados ilegales: Defensoría

Al consultar en la sede central de la Defensoría del Pueblo en Bogotá por la situación de seguridad en Riosucio lo primero que recordaron fue la Alerta Temprana de Inminencia 013-2020 que señala riesgo para los habitantes de ese municipio y de Supía, específicamente para las comunidades de Portachuelo, La Alberia, La Tolda, El Palal, La Rueda, Cameguadua, El Brasil, Dosquebradas, Panesso y San Pablo, del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta, así como para las personas agrupadas en el punto de reincorporación ubicado en ese resguardo.

“En esta alerta, el escenario de riesgo se configura por la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en el Alto Occidente de Caldas (Riosucio, Supía y Marmato), lo cual continúa ocurriendo en el marco del proceso de fortalecimiento y expansión de dichos grupos hacia la zona cordillerana de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda). Esto está relacionado con el Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el departamento del Chocó. Las áreas montañosas de esta subregión del departamento son utilizadas como zonas de refugio y repliegue, además de ser estratégicas por el corredor de movilidad que abarca el paso desde el Chocó hacia el departamento de Risaralda y el suroeste antioqueño, a través de los municipios de Andes y Jardín”, explicó la Defensoría.

La entidad informó que realizan monitoreo para actualizar el escenario de riesgo de estos municipios y resaltó que les han pedido a las entidades gubernamentales y locales garantizar los derechos a la vida y la seguridad e integridad de la población, además de contener el posible escalamiento de la violencia en el Alto Occidente de Caldas.

Foto | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

La Defensoría del Pueblo aseguró que les ha pedido a las autoridades gubernamentales y locales que adelanten acciones para proteger la vida y la integridad de las comunidades en Riosucio.

¡Que no, que no y que no!

Los alcaldes de Riosucio y Supía (que comparten el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta) coinciden en confiar en lo que dicen las autoridades: que en Caldas no hay grupos armados al margen de la ley. También coinciden en que no conocen el resultado de las investigaciones de los hechos denunciados, no saben en qué basan las autoridades esas afirmaciones.

“Como alcalde exijo también que haya respuestas, el tema es que cuando han denunciado lo que se nos ha dicho es que no hay ninguna otra información”, comentó el alcalde de Riosucio, Abel David Jaramillo Largo. Se refiere a que la comunidad no entrega pruebas a los investigadores como videos o fotos. “Cuando se hacen los trabajos de campo la gente dice que no ha visto nada”, agregó.

Sobre la quema de trapiches, por ejemplo, dice que hay que preguntar en la Fiscalía en qué van las investigaciones, pues no hay una respuesta concreta hasta el momento. Sobre los grafitis de Epl y Eln, dice que la Policía y la Sijín determinaron que se trata de grupos de delincuencia común. “En Caldas existe una red de tráfico de drogas, pero no un grupo armado”, aseveró.

“Tenemos una región muy cercana a Antioquia, que tiene alta presencia de grupos armados, el Chocó ni qué decir y ahora lo que pasa también en el departamento de Risaralda. Seguiremos trabajando, esa es la misión”, concluyó el mandatario.

Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía, dijo que habitantes de veredas limítrofes con Riosucio como Arcón, La Loma, Murillo y Murillito le contaron que los perros ladran mucho en las noches y que escuchan carros en la madrugada, cosa que no pasaba antes. Agregó que hay quienes aseguran haber visto personas con uniformes de color oscuro.

A Torres Álvarez le preocupa que los habitantes del municipio vuelvan a padecer la violencia y que esta espante la inversión.

Ambos mandatarios coinciden en afirmar que conocen bien la historia de violencia de la zona, pero parecen olvidar que la falta de denuncia formal que tanto reclaman los entes de investigación es precisamente un indicador preocupante. Bien lo recuerda el libro Virrua: territorio sagrado. Memorias de resistencia de San Lorenzo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. La mejor estrategia con todos los armados era guardar silencio: “No me acuerdo, yo no me di cuenta, yo de eso no entiendo, soy medio brutica”, relató una mujer de Riosucio durante un taller de memoria en 2021.

Para el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, se trata de rumores que no se pueden verificar y de personas interesadas en sembrar zozobra. “Hoy Riosucio no es estratégico como corredor de movilidad ni tampoco para una renta criminal de algún grupo armado ilegal, con los análisis y la información detallada de los organismos de inteligencia se llega a esa conclusión”, aseguró.

“Lo que genera la Defensoría del Pueblo son unas alertas de unas denuncias que en muchas ocasiones incluso no tienen fundamento, yo no estoy desestimando la labor de la Defensoría ni mucho menos”, aseveró, y agregó que “no quiere decir que porque un ciudadano diga hay que dar por cierto las cosas, hay que verificar la información”. Agregó que la Defensoría no ha hecho alertas recientes en ningún consejo de seguridad del departamento.

Contradicciones sobre las investigaciones 

Mientras Gómez Escudero ha dicho en medios de comunicación que las investigaciones sobre la quema de trapiches avanzan, la Fiscalía seccional Caldas, en respuesta a un derecho de petición, aseguró que están archivadas o inactivas.

Varios alcaldes y autoridades han repetido que los grafitis del Eln y del Epl son autoría de grupos de delincuencia común, pero la Fiscalía dijo que abrió cuatro investigaciones preliminares por los delitos de amenazas, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; e intimidación o amenazas con arma de fuego.

La Fiscalía agregó que “la aparición de grafitis con las iniciales del grupo armado al margen de la ley dan cuenta de su presencia en el territorio ancestral del cabildo indígena Escopetera y Pirza”. Trata de establecer quiénes son los autores de estos hechos.

“El tiempo nos dará la razón”, es la frase lapidaria con la que concluyó el personero de Riosucio.

De la minería y otros peligros

Los mandatarios de Riosucio y Supía, y los indígenas, en el comunicado de 2020, coinciden en señalar a la minería ilegal como un peligro para el territorio, pues es una actividad atractiva para los grupos armados al margen de la ley por el dinero que mueve.

En el libro ¿Plomo es lo que viene?, de León Valencia, se explica que la expansión del Estado Mayor Central (Emc) de las disidencias de las Farc se ha caracterizado desde el Gobierno de Iván Duque por una fuerte presión a las comunidades organizadas, y especialmente a las organizaciones indígenas, la población reincorporada y las Juntas de Acción Comunal. El texto indica que también se ha sentido la presión sobre los liderazgos campesinos y sobre los proyectos productivos, características que tiene esta región.

De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su capítulo territorial sobre el Eje Cafetero, tanto el negacionismo como la invisibilización han caracterizado la región, lo cual ha generado tensión entre dichas narrativas y las realidades sociohistóricas en los territorios afectados, de manera particular para Caldas, muchas organizaciones de víctimas se han cuestionado sobre la no inclusión de algunos municipios bajo el enfoque PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). 

La presencia de grupos armados en Caldas se puede ubicar desde la misma violencia liberal-conservadora y para el caso del occidente del departamento, grupos armados como los Magníficos, Mano Negra, Frente Caldas, posteriormente Cacique Pipintá, Frente Óscar William Calvo del Epl, Frentes 47 y Aurelio Rodríguez de las Farc - EP.

Mauricio Orozco Vallejo, coordinador del Observatorio de Violencia y Paz de Manizales, recordó que en épocas más recientes se conoce de bandas criminales que en lógica de tercerización de la economía ilegal y criminal, asociada al control del microtráfico y el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, tienen relaciones con estructuras del orden nacional y regional: Los Flacos, en todo el occidente del departamento; Los Mesa, en el norte; el Clan del Golfo, que hace presencia en el oriente y sur de Antioquia y que recientemente está ingresando al occidente de Risaralda por Mistrató y Santa Cecilia.

“Seguir asegurando que en Caldas no hay presencia, circulación y control de grupos armados es seguir sosteniendo un velo que oculta y opaca la realidad y que, sobre todo, afecta las comunidades que en los territorios padecen de las dinámicas violentas de dichos actores armados”, concluyó Orozco Vallejo.

La teoría de un conflicto entre indígenas

Dos fuentes, que pidieron no ser identificadas porque temen que su relación con el resguardo de Cañamomo se dañe, aseguraron lo que existe es un conflicto interno entre dos comunidades de ese resguardo. 

Para esta investigación se buscó una entrevista con los líderes del resguardo de Cañamomo, pero después de dos semanas no contestaron a la solicitud.

Sin embargo, en un comunicado publicado en mayo de 2020 tras denuncias similares a las que se han conocido en los últimos meses, el resguardo negó que tal conflicto existiera. Recordó que “señalamientos de esta naturaleza, durante la década del 2000, antecedieron el ingreso de los paramilitares y masacres como la de la Rueda y La Herradura en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta”.

Según el comunicado, el panorama en ese momento era igual que el actual: denuncias reiteradas de la comunidad, promesas de investigación de las autoridades y ausencia de resultados concretos de dichas investigaciones.

*Esta es una investigación de LA PATRIA, Pensé que 'voz' sabías, y el Observatorio de violencia y paz de Manizales.

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