Las madres se dirigen a las sedes de los CDI en busca de respuestas.

Foto | Diego Salgado | LA PATRIA

Las madres se dirigen a las sedes de los CDI en busca de respuestas.

DIEGO SALGADO Y DIANA VIDAL

LA PATRIA | MANIZALES

Preocupación y mucha angustia está originando en usuarios y empleados la no apertura de los servicios de las sedes de los Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en sus modalidades institucional y familiar en Aranzazu (Caldas).

El programa, dirigido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no ha abierto sus puertas a los usuarios este 2025, al parecer, porque no hay operador para esta zona del departamento.

El drama de esta situación se centra en las familias que, al no contar con el servicio, ven frustrados sus proyectos laborales, pues las madres no pueden trabajar para poder estar pendientes de sus hijos menores de cinco años.

Madres afectadas

Un caso es el de Marcela, quién obtiene su sustento y el de su hija de tres años ofreciendo trabajos de manicura a domicilio. Ella no ha podido continuar con su oficio desde mediados de diciembre, cuando los niños y niñas salieron de vacaciones.

Una situación similar tiene Paola, quién vive en un sector vulnerable (por el hospital). La mujer asegura que debió dejar de trabajar para poder quedarse con su niño en la casa.

Paula es otra madre comunitaria del CDI. Debido a que no tenía para el arriendo le tocó entregar la casa donde vivía y mudarse a donde un familiar.

Cobertura de los CDI

En el 2024 el CDI Institucional, en sus tres sedes, atendió a 193 niños; el familiar contó con 210 cupo, entre madres gestantes y lactantes.

El talento humano de las dos modalidades estuvo integrado por diez docentes, nueve auxiliares, tres psicosociales, tres manipuladoras de alimentos, tres de servicios generales y dos coordinadoras.

De estos empleados, seis son madres comunitarias, quienes no reciben un peso desde diciembre.

A la fecha nadie da razón de cuándo se abren los servicios, mientras tanto, padres de familia y empleados, no saben qué hacer.

Piden respuestas del ICBF

Las preocupaciones de la comunidad escalaron a la Personería municipal. El pasado 19 de septiembre el personero Gustavo Adolfo Gómez Naranjo interpuso un derecho de petición.

En él alegan el derecho fundamental a la educación de la primera infancia, en donde se indica que “La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis años".

Así mismo, Gómez manifiesta que están muy preocupados, porque tanto padres como cuidadores, desde el año pasado, se han visto afectados por la contratación.

"Fue demasiado demorado, tuvo muchas dificultades y estamos hablando de que estos niños y niñas llevan más de dos meses sin recibir educación inicial", reitera el personero.

Así las cosas, el personero Gómez Naranjo solicita:

*Se les informe el estado actual de contratación para la apertura de los Centros de Desarrollo Infantil para el municipio de Aranzazu, indicando la fecha exacta de apertura de los mismos.

*Se remitan de manera detallada, los nombres, identificaciones y datos de contacto de los menores que a corte de 2024, se hallaban con matrícula vigente en los Centros de Desarrollo Infantil modalidad familiar e institucional.

En proceso de contratación

Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respondió el derecho de petición de la Personería de Aranzazu, no dio una fecha de apertura de los CDI.

El personero Gustavo Adolfo Gómez, relata: "No nos dio una respuesta de fondo, sino que mencionaron que se estaban haciendo los respectivos procesos contractuales".

No obstante, en una llamada posterior con el Centro zonal norte se conoció que ya hay un operador para el municipio, y desde la semana pasada empezó la gestión de contratación y matrícula.

Todavía estamos a la espera de saber la fecha exacta de inicio, que esperamos que sea muy pronto, pero reiteramos que son cerca de tres meses en donde los niños y niñas se han visto afectados en su proceso. Esperamos que sea una situación que no se vuelva a repetir en vigencias posteriores", apunta el funcionario, quien además recuerda que velar por los derechos de los menores es un trabajo mancomunado y en primera instancia las instituciones deben brindar las garantías suficientes para que los niños, niñas y adolescentes pues reciban una adecuada educación.

 


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