LA PATRIA I Manizales

Los planes para mejorar la calidad de la educación pública en Colombia pasan por capacitación y bienestar docente, infraestructura y dotación escolar, entre otros. Todos con valores en miles de millones de pesos. Entre tanto, crece el déficit que, por ejemplo, para la básica y media se calcula en $2,3 billones.

El pedido de contrarrestar esa tendencia la han manifestado los sindicatos de maestros, de la básica y secundaria, y los movimientos universitarios.

La llegada de la izquierda al poder con el presidente, Gustavo Petro, abre la posibilidad de asegurar puntos centrales. Primero, contar con los recursos del 2023, que a la luz del Presupuesto de la Nación ya aprobado satisface los requerimientos, por lo menos en la universidad pública.

El segundo aspecto es el de fondo y crucial. Está relacionado con una reforma a los esquemas de transferencia de recursos. En la práctica es cambiar, vía Congreso, los artículos 86 y 87 de esa Ley.

El ministro, Alejandro Gaviria, ya ha expresado su compromiso, ya se creó una comisión para tal efecto. "La Educación Superior tiene un déficit estructural y queremos reformar la Ley 30 de 1992, que cumple 30 años y es la que define la bolsa de recursos para este nivel educativo".

En ese sentido el 2023 será un año clave en el propósito de cambiar el rumbo de la financiación educativa en el país. LA PATRIA presenta anuncios del Gobierno y reacciones de personas que han estado cerca en los debates de presupuestos.

Fortalecimiento presupuestal

Alejandro Gaviria, ministro de Educación

• Para educación superior

"Para el 2023 ya existe un fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades públicas, y garantizamos IPC + 5 puntos porcentuales, que son aproximadamente $210 mil millones. Ya hacen parte del Presupuesto de la Nación".

“... adicionalmente se contará con recursos de inversión por $300 mil millones y recursos de gratuidad de $140 mil millones”.

Ponentes del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, sobre fuentes de financiación educativa, le manifestaron al ministro la necesidad de recursos estables para 2 millones 400 mil estudiantes.

• Para colegios

“Debemos avanzar decididamente en aspectos de mejoramiento rural. Tenemos $500 mil millones adicionales para infraestructura en el Presupuesto General de la Nación del 2023".

“Vamos a tener más recursos en alimentación escolar, que es fundamental en la estrategia del Gobierno: Hambre cero... Incluso extenderlo más allá del periodo escolar".

Hablan los sectores

Compromiso con el SUE: Jairo Torres, presidente nacional del Sistema Universitario Estatal

El Gobierno nacional ha hecho un compromiso con el SUE, con sus 34 universidades públicas, de garantizar recursos para el 2023. Eso implica el IPC + 5, los recursos de inversión y los de matrícula gratis. Son del acuerdo del 2018 con el Gobierno saliente y que se cumplían en este 2022, el gobierno Petro los ha garantizado hasta tanto se haga la reforma de la Ley 30. Se deben reformar para construir un modelo de financiación de la universidad pública que le permita ser autosostenible en el tiempo. Es clave que se aseguraron recursos para en el 2023 seguir con la tarea misional de docencia, investigación y extensión.

Seguirá la gestión propia: Paula Andrea Chica, vicerrectora Administrativa de la Universidad de Caldas

El anuncio del Gobierno materializa su voluntad del aumento de 5 puntos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio con el que aumenta cada año el presupuesto de la Nación a las U. públicas. Eso es consecuente con la realidad, que indica que los gastos mínimos de las U. estatales crecen en ese orden, o sea el IPC + 5, y no únicamente como viene establecido desde 1992 con la Ley 30 lo que ha generado en 30 años el desfinanciamiento estructural de la educación superior. Siendo positivo el anuncio estos $210 mil millones no podremos asumirlos como adicionales, quedarán absorbidos por el aumento natural en gastos de funcionamiento. Aún siendo U. estatales debemos gestionar por nuestra propia cuenta cerca del 50% para funcionar. Esto si consideramos el promedio del SUE o mínimo el 30%, en el caso de la de Caldas. Esos $210 mil millones no cambiarán esa realidad, tendremos que seguir haciendo gestión propia. Agregar esos recursos para 2023 muestra voluntad del Gobierno por evitar el aumento del desfinanciamiento, lo que agradecemos. Sin embargo, mientras sea una iniciativa del Gobierno no habrá garantía de sostenibilidad en el tiempo. Solo se resuelve con una política de Estado que es una reforma a la Ley 30. Los recursos de inversión ya los veníamos recibiendo con la denominación de fomento y que en la U. de Caldas se han dedicado al fortalecimiento del bienestar estudiantil, ampliación de la cobertura, formación doctoral. Esos recursos en el 2023, sencillamente nos permite mantener estas inversiones. al menos por un año más mientras se hace la reforma.

Un Gobierno que escucha: Daniel Candelo, quien ha sido representante estudiantil en la U. Nacional sede Manizales.

Si bien reconocemos que hay un Gobierno distinto a los anteriores, este nuevo designó a Alejandro Gaviria, de quien se conocía su postura frente a la financiación de la universidad. Es una persona que está con la financiación a la demanda y no la oferta de la educación, es decir seguir con Generación E o Ser pilo paga, que solo apoyaban a ciertos estudiantes, pero no reconocían el déficit presupuestal de las U.. Estamos a la espera, por lo menos ya se instaló una mesa de diálogo para la reforma de la Ley 30, en la que participan organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales. Es un avance con respecto a lo anterior, es un Gobierno dispuesto a escuchar. Uno pensaría que al ser un Gobierno alternativo habrá una discusión más profunda, que se hable de la financiación, pero también del modelo completo. Que la educación superior deje de ser un servicio y sea un derecho como lo son la básica y media.

Necesidad de reforma: Diego Fernando Mosquera, presidente de la Asociación de Directivos Docentes de Colegios de Colombia (Asodic)

Pensamos que se requiere un ajuste muy grande en lo financiero, con reformas constitucionales de los artículos, que definen la distribución de recursos. El déficit que cargamos es de unos dos billones de pesos. La necesidad es una reforma urgente, que se viene aplazando desde hace muchos años. La Ley 715 terminó su vigencia en el 2017, desde ahí no hay un criterio con el cual se vean más recursos. Se atiende, por ejemplo, el pago de nóminas, pero queda poco para inversión en calidad en calidad.