El Ministerio de Salud y Protección Social anunció un aumento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, según lo estipulado en la resolución 2718 del 30 de diciembre de 2024. 

Este ajuste, que eleva los pagos por afiliado en el régimen contributivo de $1.444.086 a $1.521.489, y en el subsidiado de $1.256.076 a $1.323.401, ha generado críticas en el sector salud, que considera insuficiente el incremento frente a las necesidades del sistema.

Contexto y criterios del ajuste

La UPC es el recurso asignado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar la atención médica de los afiliados, incluyendo medicamentos y tratamientos. 

Este año, el Ministerio basó el ajuste en la inflación causada (5,2%) y un adicional del 0,16% para actualizar servicios y tecnologías. La cartera señaló que no había datos confiables por parte de las EPS, lo que obligó a aplicar el mecanismo automático de ajuste.

Desde la perspectiva oficial, incrementar más allá de la inflación con información inconsistente sería irresponsable y podría comprometer el Presupuesto General de la Nación. El Ministerio reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos.

Reacciones del sector en Risaralda 

La medida ha suscitado preocupación entre actores clave. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que el bajo aumento profundizará las dificultades financieras del sistema. 

Proyecciones como las de Afidro y el Centro de Estudios Económicos de la ANIF habían sugerido un incremento del 16,4%, mientras que la firma Sectorial y la Andi apuntaban a ajustes superiores al 16%. Estas cifras contrastan significativamente con el 5,36% decretado.

En Risaralda, los prestadores de salud han manifestado una crisis inminente. La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, señaló que el aumento del salario mínimo en un 9,54%, sumado al ajuste insuficiente de la UPC, no cubre los costos operativos, especialmente el pago de nóminas, que representa el 70% del presupuesto. 

Además, el retraso en el pago de recursos por parte de las EPS agrava la situación.

“La situación es insostenible. Si no se toman medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores del departamento, nos veremos obligados a reducir servicios o, en el peor de los casos, a cerrar algunos de estos”, afirmó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez. 

Ante este panorama, Zuluaga hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para implementar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema. 

Advirtió que, sin una asignación adecuada de recursos, la calidad y continuidad de los servicios están en riesgo, afectando a miles de usuarios.

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