LA PATRIA| MANIZALES

"Llama poderosamente la atención que ante una situación generalizada, reiterativa y repetida de vulneración de los derechos humanos en las veredas de Villamaría, puntualmente en Villarazo, las autoridades militares hayan permanecido indiferentes, a tal punto que su planteamiento de defensa radica en que los accionantes no denunciaron las prácticas delictivas de las que eran víctimas".

Así se pronunció, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas, al fallar a favor de una familia del vecino municipio, desplazada por las Auc del Cacique Pipintá, que operó en el departamento. Ordenó indemnizar a los afectados y declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las autoridades por la falla en el servicio.

En el proceso se recordó que estas personas, en el 2000, vivían en esa vereda, cuando empezaron a hacer presencia hombres del Cacique Pipintá, al mando de alias Franco.

Miedo

"Este grupo intimidó a los habitantes de la zona, entre los que se encuentran los accionantes, a quienes exigían víveres, enseres, animales, hospedaje y otras dádivas. Se aprovechaban de que los perjudicados tenían tienda, fonda y porcícola. No colaboraron, lo que les generó rencillas y amenazas. Finalmente los forzaron a dejar su vivienda entre el 2001 y 2003, cuando se fueron a vivir donde una familiar. En el 2003 regresaron pero, al cabo de un año, las amenazas se intensificaron, a tal punto de que se enteraron de que estaban en una ‘lista negra’, por lo que volvieron a abandonar la zona, pasando penurias económicas", señaló el proceso.

Y añad ió que la Policía y el Ejército conocían del desplazamiento de varias personas, pero omitieron hacer algo. Incluso, quien fungía como alcalde de Villamaría para esa época, Jairo Alberto Llano Gómez, fue condenado a 90 meses por vínculos con el grupo armado ilegal.

"Precisan que antes del 2001 en la zona había presencia de la fuerza pública e inspectores de policía, todo

lo cual cambió con el arribo de los paramilitares a la zona. En el momento de la demanda los afectados continuaban

en condición de desplazados, pues las personas que los amenazaron e intimidaron seguían persiguiéndolas. Dos se fueron del departamento. La respuesta que recibieron es que los paras fueron desintegrados o desmovilizados".

El Tribunal recalcó que resulta absolutamente desproporcionado exigir de los demandantes, personas

indefensas ante cualquier grupo ilegal, que acudieran ante la fuerza pública a poner en su conocimiento la situación, que en nada se compadece con la situación de angustia que generaba la presencia permanente de los grupos, las expresas intimidaciones para que los hechos no salieran a la luz pública, así como la permisividad y colaboración que existía entre un sector político y estas bandas.

"Fue la omisión absoluta de la entidad demandada la que emergió como causa del desplazamiento", concluyó.

Cacique Pipintá de las Auc

-El Cacique Pipintá, entre el 2001 y el 2006, estuvo en Pácora, La Merced, Salamina, Manizales, Aguadas, Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Filadelfia, Marmato, Neira, Riosucio, Supía, Villamaría, Belalcázar, Risaralda, San José, Viterbo y Palestina.

-Tuvo seis grupos de contraguerrilla: Las Águilas, Las Cobras, Los Escorpiones, Los Halcones, Grupo Delta y Los Buitres. A veces se hacían pasar por guerrilleros del Frente 47 de las Farc para descubrir milicianos y colaboradores dentro de la población civil.

- El Bloque Central Bolívar cometió, al menos, 108 homicidios en Caldas entre el 2000 y el 2005. Muchos fueron víctimas por ser adversarios políticos de integrantes de la estructura paramilitar y/o estar en contra de esa organización.

-Al aguadeño alias Ernesto Báez (fallecido) lo declararon penalmente responsable de 844 hechos en los que se vieron 1.739 afectaciones en las zonas de injerencia del bloque Central Bolívar, del que hacía parte el Cacique Pipintá. Aquí algunas: Homicidio en persona protegida (524), deportación, expulsión, traslado o desplazamiento (222), reclutamiento ilícito (175), tortura en persona protegida (154), desaparición forzada simple (146), secuestro simple (98) y destrucción y apropiación de bienes protegidos (88).

Son 100 s.m.m.l.v. por perjuicios morales para cada una de las cuatro personas de esa familia. $60 millones por la pérdida del lote de terreno con casa de habitación, pues si bien este aún pertenece a la madre de ese hogar, tuvieron que dejarlo