Un intendente e investigador de la Dijín de la Policía asegura estar padeciendo una pesadilla a causa del acoso laboral que supuestamente sufre de compañeros y superiores, lo que generó que otros colegas empiecen a rechazarlo y a vivir un pesado ambiente laboral. Asegura que todo empezó por sus denuncias de presuntos actos de corrupción.

El uniformado sostiene que pese a sus grandes logros y triunfos para la investigación judicial y la seguridad ciudadana, los últimos años dentro de la institución le hacen pensar en renunciar, sin embargo, no quiere tirar a la basura todo su trabajo, ni la posibilidad de jubilarse.

Entre las acusaciones en su contra están el acoso sexual, corrupción y el abandono de servicio por asistir al funeral de su abuela. Ante sus quejas y denuncias, dice que ya en cuatro ocasiones en los últimos tres años han intentado trasladarlo, desvincularlo del servicio y hasta le negaron la posibilidad de adelantar estudios en España, tras obtener una beca.

Incluso sostiene que le realizan seguimientos interceptaciones ilegales, no le permiten disfrutar de sus vacaciones y los comentarios y burlas en público se volvieron algo común en su labor diaria.

Dice que la persecución se debe a su oposición al manejo de un capitán sobre bienes oficiales, como el uso de vehículos y agentes para el transporte escolar de su hijo, de la familia o de enseres incluso a otras ciudades y recolección indebida de dinero para realizar actividades no relacionadas con la Policía.

“Existió una acción constitucional de tutela para proteger los derechos fundamentales del policía, y pese a ella, a varias quejas por acoso laboral, a la existencia de evidencias por falsedad ideológica en documento público, violación del debido proceso, prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado, violación de derechos a la dignidad humana, al buen nombre, a un trabajo digno y a la defensa, así como de varias peticiones verbales y escritas, la Policía Nacional en cabeza de sus comandantes, ha tenido un silencio cómplice”, reclama el denunciante.

Presiones oficiales

Por las quejas que expuso el uniformado, la Procuraduría de Caldas abrió una investigación en febrero de 2022 contra una oficial que estuvo adscrita hasta hace poco a la Regional de la Policía, dado que ante el comité de convivencia laboral no se llegó a una conciliación.

Él advirtió sobre posibles retaliaciones y hoy asegura que estas se ven con las afectaciones a su salud, motivación y estabilidad laboral, al punto de que las órdenes de esta mujer llevaron al represamiento de solicitudes que se convirtieron en una carga laboral.

Le negaron la posibilidad de revisarlas durante un fin de semana en el que laboraba, para empezar apenas el martes siguiente. Esto ocurrió en otras ocasiones, según mencionó, y hasta se vencieron órdenes de procedimientos judiciales.

El intendente sostiene que los comentarios descalificantes contra el servicio de él eran constantes y hasta envió quejas por las supuestas demoras, pero no se comprobaron, tal como quedó consignado en las respuestas de la Fiscalía.

Compañera o piedra en el zapato

El denunciante asegura que las presiones no solo provenían de la capitán, sino también de una compañera de labores, quien como encargada de supervisar que los uniformados cumplan con sus funciones diarias, lo asediaba, trataba mal y le ordenaba hablarle bajo por ser supuestamente su superior al llevar más tiempo que él en la institución.

“Esta situación tan reiterativa, arbitraria, sistemática e impune se ha vuelto una constante insoportable para mi cotidianidad como profesional de policía en desmedro de mi autoestima, mi dignidad, el respeto que algún día conseguí fruto de mis esfuerzos, dedicación, el éxito de mis procesos investigativos y mi constante entrega”, expone en una queja el uniformado.

Dice que la cercanía de su compañera con otros oficiales, lo llevaron a enfrentar problemas por actos en contra del servicio, normas disciplinarias y delitos militares, por señalamientos injustificados por evasión del servicio o insubordinación.

Rechazo a su formación académica

El intendente obtuvo una beca para adelantar una maestría en derecho penal en España, aprobada por los entes de la Policía. Esta lo exoneraba del 100% de la matrícula y otros gastos, pero le negaron la posibilidad.

A eso se suma que le pidieron dictar clases a los auxiliares bachilleres, pero tras unos días de haber arrancado, le ordenaron no continuar bajo el argumento de que había demandado a una oficial de la Policía y lo tenían vetado.

Sin velas en el entierro

La Policía de Manizales respondió ante las quejas que se han llevado a cabo comités de convivencia para mejorar las relaciones entre todos sus uniformados, pero el caso no corresponde a ellos, porque el uniformado que denuncia no está en su jurisdicción. Sin embargo, se esperan las decisiones de la Procuraduría para cumplir lo que se ordene.

Sin respuesta de la Dijín

LA PATRIA envió un derecho de petición a la Dirección Regional de la Dijín en Pereira, sin embargo ese despacho se abstuvo de responder por considerar que este medio no cuenta con la autorización para conocer el tema:

Preguntas formuladas

- Se falló una tutela a favor del uniformado. ¿Qué se ha cumplido sobre esta decisión?

- ¿A qué se debe la queja del uniformado y qué labores se adelantaron para garantizar la convivencia entre las partes involucradas?

- ¿Qué acciones disciplinarias se han efectuado contra el uniformado y bajo qué argumento se han tomado?

- El denunciante manifiesta que se le acusó de acoso sexual, ante dicha acusación, ¿Qué ha ocurrido?

- ¿A qué se debió el traslado de la uniformada señalada del acoso laboral?

- ¿Qué están haciendo para garantizar un espacio laboral saludable para el uniformado, considerando que padece problemas psicológicos causados, según él, por el asedio que ha sufrido?

La Dijín se abstuvo de responder, porque de acuerdo con el Grupo de Asuntos Jurídicos, esta información no es pública, basada en la Ley Estatutaria 1581 del 2012.

Abusiva negación de información

Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, indicó que al negar la información que Q'HUBO solicitó, la Policía hace un uso abusivo la excusa de la protección de los datos personales, pues en este caso se pregunta por datos relacionados con funcionarios públicos, procesos públicos y decisiones de una entidad pública, y por ende, no puede cobijarse esto como si se tratara de cualquier otro ciudadano.