EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El duro discurso y los continuos abusos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, contra el sistema electoral y la democracia en la campaña para los comicios de 2022 le costaron sus derechos políticos, suspendidos ayer durante 8 años por la Justicia brasileña.

Al líder de la ultraderecha lo declaró "inelegible" el Tribunal Superior Electoral (TSE), que lo consideró culpable de una serie de abusos de poder cometidos en su doble papel de presidente en ejercicio y candidato a la reelección para unos comicios que ganó Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo resultado se negó a reconocer.

La suspensión de sus derechos políticos le impedirá concurrir a cargos electivos o puestos en la administración pública hasta octubre del 2030, cuando tendrá 75 años.

La decisión, adoptada por cinco votos frente a dos, aceptó una denuncia que presentó el Partido Democrático Laborista, que tuvo como base una polémica reunión convocada por Bolsonaro el 18 de julio del año pasado, poco más de tres meses antes de los comicios, con unos 50 embajadores extranjeros.

Abuso de poder y campaña sistemática

La reunión se celebró en la residencia oficial de la Presidencia y la transmitió la televisión pública por orden expresa del entonces mandatario, quien en un monólogo de casi una hora sembró dudas sobre el sistema electoral, el Poder Judicial y la propia democracia brasileña, según se reflejó en la sentencia.

Ese hecho, según el TSE, configuró un "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo" y también un "uso indebido de predios y medios de comunicación públicos".

También el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, calificó como una sistemática campaña de desinformación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral. Dijo que no se trató de opiniones personales, sino de mentiras permanentes y fraudulentas que apuntaban a subvertir y pervertir el proceso electoral y a la democracia.

Otros jueces fueron más allá y dijeron que la conducta de Bolsonaro hasta pudo alentar el asalto a los tres poderes de la nación del pasado 8 de enero, cuando una horda de activistas de ultraderecha sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula.

Condena a la ultraderecha

Después la sentencia, Lula participó en un acto sobre salud pública, pero no mencionó la decisión del TSE, a pesar de que habló ante cientos de personas que por momentos gritaban "inelegible".

Sin embargo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció que evaluará la posibilidad de exigirle a Bolsonaro, vía tribunales, una indemnización por sus ataques al sistema de justicia y el orden jurídico.

En el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, el fallo se tomó como “una condena a los métodos de la extrema derecha, la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral".

Buscará apelar

"Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política", afirmó Bolsonaro tras la sentencia y en alusión al atentado que sufrió en 2018.

Dijo también que evaluará con sus abogados las posibilidades de apelar la decisión tanto ante el TSE como ante la Corte Suprema.

En las filas del bolsonarismo, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declaró su incredulidad y aseguró: "Es la primera vez en la historia de la humanidad que un expresidente pierde sus derechos políticos por hablar".

Proyecto de ley de amnistía

El senador Ciro Nogueira, quien fue ministro con Bolsonaro, anunció que presentará al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para políticos procesados, condenados o declarados inelegibles en el marco de las elecciones de 2022. Para entrar en vigor, primero debería ser aprobado por las dos cámaras legislativas y, luego, ser sancionado por Lula.