EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, criticó la designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, señalando que no pueden ser vistos como ejemplos para la construcción de paz en Colombia. La medida, defendida por el presidente, Gustavo Petro, ha abierto un intenso debate sobre su impacto en la reconciliación nacional y el mensaje que envía a las víctimas y a la sociedad.
Entre los designados figuran algunos de los líderes más reconocidos y temidos del paramilitarismo, responsables de crímenes de lesa humanidad y múltiples atrocidades durante el conflicto armado. La medida, anunciada como parte de un esfuerzo por cerrar procesos pendientes de reconciliación, fue duramente cuestionada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien considera que estos individuos no representan ejemplos válidos para la construcción de paz en el país.
La lista de los designados incluye nombres como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y el caldense Hernán Giraldo Serna, este último conocido por ser de los mayores violadores de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según Marín, las designaciones plantean serios interrogantes sobre su impacto en las víctimas y el mensaje que se envía a la sociedad.
“No podemos presentar a quienes han sido gestores de guerra como referentes morales para la paz. Ellos tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad”, afirmó la defensora. Además, subrayó la importancia de mantener la prevalencia de la justicia para garantizar que estas designaciones no permitan la reincidencia ni desacrediten los logros alcanzados por los tribunales.
Iris Marín planteó preguntas que reflejan el escepticismo de la Defensoría frente a esta decisión. “¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Qué mensaje les damos a quienes hoy cometen delitos graves comparables a los que ellos perpetraron?”, cuestionó.
En su análisis, la defensora del Pueblo identificó tres aspectos fundamentales para evitar que estas designaciones terminen fortaleciendo la impunidad: garantizar la justicia, establecer planes de trabajo precisos y monitoreados, y exigir el reconocimiento público de responsabilidades en un contexto de estricta supervisión judicial.

El Gobierno defiende la medida
Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión argumentando que no implica beneficios jurídicos para los exparamilitares. En una publicación en la red social X, explicó que esta designación busca cerrar los procesos de paz iniciados en el gobierno de Álvaro Uribe, con énfasis en la verdad y la reparación a las víctimas.
“No estamos otorgando beneficios jurídicos. Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes en el paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el pasado”, afirmó el mandatario. Además, Petro insistió en que la verdad y la reparación genuina son claves para superar las heridas del conflicto.