FERNANDO GIMENO
EFE | LA PATRIA | QUITO

El asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, acribillado a tiros ayer en Guayaquil, pasó a engrosar la abultada lista de fiscales, jueces, agentes de prisiones y políticos cuyas vidas han sido arrebatadas en los últimos meses en atentados atribuidos a las bandas del crimen organizado.

Suárez, que investigaba el caso de la toma de un canal de televisión el pasado 9 de enero durante una oleada de atentados y acciones violentas vinculadas a estas bandas, se había hecho conocido en la portuaria ciudad por sus investigaciones anticorrupción, sobre todo aquellas referentes a presuntas irregularidades en hospitales durante la pandemia.

Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado.

Sin embargo, a Suárez también le llegó el caso más mediático de la ola de violencia acontecida en diferentes ciudades de Ecuador el 9 de enero y asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los 13 detenidos por ese asalto, entre ellos dos menores de edad.

Un día antes de su asesinato había reclamado la falta de protección y resguardo, consciente de que podía estar en la mira de la banda criminal detrás de la toma de canal que, según la Policía, puede tratarse de 'Los Tiguerones', una de las 22 que el Gobierno del presidente Daniel Noboa les ha declarado la "guerra interna" y las ha clasificado de grupos "terroristas" tras la oleada de atentados y violencia de la pasada semana.

El asesinato de Suárez se dio en medio del estado de excepción por "conflicto armado interno" decretado por el Gobierno, de la misma forma que en la víspera fue asesinado un agente de prisiones en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

Escalada de homicidios

A Suárez lo mataron de la misma manera que numerosas autoridades ecuatorianas que se enfrentan al crimen organizado y que han perecido en los últimos meses y años, acribillados por presuntos sicarios en una sanguinaria escalada de homicidios que tuvo punto de mayor conmoción en el mortal atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavivencio el año pasado.

Al menos otros dos fiscales fueron asesinados en el 2023 en Guayaquil y en su área metropolitana, como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte.

Las amenazas a los funcionarios del aparato de Justicia de Ecuador han alcanzado incluso a la fiscal general, Diana Salazar, que en junio del año pasado denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia desde números telefónicos desconocidos y aparentemente procedentes del extranjero.

Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo de 2023 atentados similares donde lograron salir con vida.

Políticos en la mira

Durante el transcurso del año pasado se incrementaron los atentados contra autoridades ecuatorianas, entre ellos políticos, en el contexto electoral de los comicios locales y luego en los generales, donde se vivió la campaña más violenta de la historia de Ecuador.

También han sido asesinados en estos últimos meses concejales, funcionarios municipales y líderes vecinales en una sucesión de crímenes que han contribuido a que en pocos años Ecuador se haya convertido en uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
 

“Lo vendieron”

Una familiar del fiscal asesinado afirmó en declaraciones a periodistas que a César Suárez “lo vendieron”, pues señaló que instantes antes del crimen recibió una llamada de urgencia para trasladarse a un punto que no quiso revelar.