MANUEL FUENTES

EFE | LA PATRIA | AMÉRICA

Los líderes de la izquierda latinoamericana en el poder se están encontrando con serias dificultades para sacar adelante las ambiciosas reformas estructurales de sus Gobiernos. La debilidad de los apoyos políticos que les permitieron alcanzar el poder y la fragmentación de la representación parlamentaria son los principales motivos, según expertos.

En Chile, Gabriel Boric no ha logrado que el Congreso aprobara la reforma tributaria y, lo que es más grave, el proyecto de carta magna emanado de la Convención que iba a sustituir a la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, también tiene problemas para impulsar las reformas de la salud, laboral y de las pensiones. La desconfianza de los grupos legislativos que le apoyaban le ha obligado a hacer una profunda reestructuración de su gabinete, la segunda desde que asumió la Presidencia, hace apenas nueves meses.

Y en México, Andrés Manuel López Obrador tampoco ha logrado sacar adelante la militarización de la Guardia Nacional, la reforma del organismo electoral y la modificación del marco normativo en materia energética que proponía.

Los motivos por los cuales los líderes de la izquierda latinoamericana están teniendo tantas dificultades para implementar elementos básicos de sus programas políticos son diversos.

El "voto overnight"

Pero salvo en el caso del proyecto de la Constitución chilena, mayoritariamente rechazado por una ciudadanía descontenta con el texto sometido a plebiscito, el denominador común de estos reveses es la ausencia de apoyo político por parte del poder legislativo, un fenómeno que el politólogo y jurista argentino Daniel Zovatto denomina “el voto overnight”.

“Te presto el voto durante la noche para que ganes la elección y después te lo retiro oportunamente”, describe el director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

“El gran tema es la gobernabilidad de los sistemas presidenciales en contextos de fragmentación política”, detalla.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó lo que denominó “la cuarta transformación”, pero las reformas estructurales de sectores clave que proponía no salieron adelante debido al rechazo legislativo y, en algunos casos, incluso judicial.

Entre estos últimos se encuentra la militarización de la Guardia Nacional, tumbada por la Corte Suprema por considerar que es una organización de seguridad civil que no podía estar adscrita al Ministerio de Defensa.

Igualmente, el intento de eliminar la institución encargada de organizar los procesos de votación, el Instituto Nacional Electoral (INE), generó movilizaciones de rechazo y críticas de la oposición y el poder judicial, por entender que podría afectar al desarrollo de las elecciones presidenciales de 2024

La reforma del sector energético, que habría beneficiado a las compañías estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar corrieron la misma suerte.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro tampoco lo ha tenido fácil en el Congreso, donde no cuenta con la mayoría necesaria para lograr la aprobación de sus ambiciosas reformas sociales.

La coalición que había logrado formar con ese propósito fue declarada rota por él mismo hace una semana, después de constatar que su proyecto de reforma del sistema de salud suscitaba una fuerte resistencia en el Congreso.

La maquinaria del Gobierno, que funcionó en los primeros seis meses de su mandato, ha tropezado en las discusiones sobre la reforma de la salud, que finalmente han precipitado una crisis de gabinete que le ha costado el puesto a 7 de los 18 ministros, entre ellos el de Hacienda, el de Interior y la de Salud.

Con eso cambios, Petro busca recomponer su base de apoyo en el Congreso e intentará negociar por separado con cada senador y representante a la Cámara, y no con la bancada completa, como hasta ahora.

Congresos opositores

Salvo en México, Venezuela, Paraguay, Panamá, Honduras y Nicaragua, las elecciones presidenciales en los países latinoamericanos prevén una segunda vuelta si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría suficiente en la primera ronda.

Y aunque en el balotaje suele imponerse el aspirante que logra atraer el voto del electorado que apoyó a los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, lo cierto es que “el Congreso quedó constituido en la primera votación”.

Éste es el caso de Gabriel Boric, Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes se impusieron “con los votos que le prestaron aquellos que no querían que ganara su oponente, pero que no son de su partido”, describe Zovatto.

“Llegan a la Presidencia sin mayoría propia en el Congreso o con una coalición que es una suerte de arca de Noé, por el alto grado de heterogeneidad de quienes la conforman”.

Los apoyos poselectorales “no alcanzan después para tener mayoría propia en el Congreso, y si logran tenerla, les cuesta muchísimo mantenerla, porque sus propuestas de reformas estructurales terminan rompiendo la coalición”, considera el director regional de IDEA.

“Y como no pueden cumplir de manera rápida con sus promesas de cambios, comienzan a desgastarse aceleradamente”, concluye el politólogo argentino.

Chile encara otro proceso constituyente

El proceso político abierto a raíz de las protestas de 2019 y la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad están durando más de lo previsto en Chile, que encara el domingo sus segundas elecciones constituyentes en dos años tras el abrumador rechazo a la primera propuesta de nueva Constitución.

Desde que varias estaciones del metro de Santiago ardieran el 18 de octubre de 2019 hasta los comicios del domingo, cuando los chilenos elegirán a los 50 consejeros que escribirán un nuevo texto constitucional, han pasado tres años y siete meses.

Entre medias, 1,5 millones de personas pidieron más derechos sociales el 25 de octubre de 2019 en la marcha más multitudinaria desde el fin de la dictadura; el mundo vivió su primera pandemia en un siglo; y el 80% de los chilenos optaron en un plebiscito por sustituir la Constitución actual, heredada del régimen (1973-1990) y reformada en democracia.

Durante este tiempo, también llegó a La Moneda una nueva generación de jóvenes, liderados por Gabriel Boric, el presidente más izquierdista desde Salvador Allende; y una convención constituyente, con mayoría de ciudadanos independientes y progresistas, fue elegida en las urnas.

A la par que elaboraba una propuesta de Carta Magna refundacional, la convención lidiaba con polémicas protagonizadas por algunos de sus miembros (un convencional fingió cáncer y otro votó desde la ducha) y una desaprobación cada vez mayor de la sociedad, que puso en ella grandes expectativas de cambio.

El texto terminó fracasando en septiembre en otro referéndum y, tres meses después, la clase política acordó convocar otro proceso, pero con características muy distintas.