A partir del 2025 Colombia empezará un retorno paulatino a la política de transferencia de recursos a las entidades territoriales, el cual existía antes del 2001. La decisión se da con la aprobación esta semana de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP).

El hecho se concibe como un logro. Con él se da marcha atrás a las reformas que recortaron los dineros que les llegaban a los sectores de educación, salud, acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y propósito general, que hacen parte del SGP.

Antecedentes

En el 2001, en el Gobierno de Andrés Pastrana, se tramitó la reforma a un acto legislativo que tuvo la oposición, entre otras, del magisterio, que a raíz de ello se fue 39 días a paro.

La reforma buscaba establecer los recursos que se le seguirían girando a las entidades territoriales y las competencias que tendrían esas entidades en término de atender los sectores ya mencionados.

Finalmente, el Gobierno de la época logró aprobar la reforma, a la que se le conoció como el Acto Legislativo 01 del 2001 y que se desarrolló a través de la Ley 715 de 2001.

La reforma, que se había aprobado con una vigencia entre siete u ocho años, fue prorrogada en el 2007 durante el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de otra reforma constitucional con el Acto Legislativo 04 del 2007

Resistencia sindical

Hernán Patiño Arias, docente durante 45 años y exintegrante de la junta directiva del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal) durante 33, menciona que la reforma actual al SGP es una vieja aspiración, en particular, de los sectores educativo y social. “Veníamos luchando todos estos sectores desde hace muchos años para que se diera”, anota Patiño.

El propósito, según Patiño, era lograr que se retornara a la política anterior por lo menos con el 44,45%, algo más de los recursos de la Nación transferidos a las entidades. Pues, desde el 2001 la transferencia osciló entre el 23% y el 20%.

“Gracias a que las luchas que se dieron a lo largo de estos años, lograron que el último Plan de Desarrollo del presidente Santos y en el Plan de Desarrollo de Uribe se contemplara la creación de una comisión de alto nivel de la que hacían parte las gobernaciones, los municipios, el Ministerio de Hacienda, entre otros, para que se avanzara en este propósito, que ahora culmina con la decisión que se acaba de aprobar en el Congreso de la República”, expone el docente retirado.  

Desde lo político

Guido Echeverri, senador autor de la reforma aprobada y exgobernador de Caldas, expone para LA PATRIA que la reforma al SGP significa un paso adelante en el camino correcto de estructurar las relaciones entre el centro y las periferias.

Echeverri asegura: “Es un reacomodamiento del poder, entre el Gobierno central y las entidades territoriales, y en el sentido lo que se logra con el tacto legislativo de dar un primer paso importante para desarrollar el principio correcto de la Constitución, según el cual Colombia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales”.

Aun así, lo anterior no se traduce en un mayor gasto. Parte de los dineros que ahora administra el Gobierno central pasarán, en igual cantidad, a las administraciones territoriales cuando esté la ley de competencias.

“Hay un cambio de operador de la administración de las finanzas públicas. Los recursos se administrarán en mayor volumen en las entidades territoriales, por esa razón el Gobierno se ve obligado a adelgazar y acabar con muchas entidades que ejercen funciones que emplearán las entidades territoriales”, añade el senador.

Acciones con la reforma 

Por lo tanto, las entidades podrán diseñar proyectos para orientar inversiones en una naturaleza más eficiente.

En adelante, serán las entidades territoriales las que tendrán la oportunidad de, con recursos más suficientes, ejecutar proyectos que tengan que ver con la realidad más cercana a sus territorios. Por ejemplo, en vías terciarias, escenarios deportivos, parte de la vivienda y amoblamiento urbano.

Las ejecuciones se darán una vez se desarrolle el acto legislativo que establezca con claridad las nuevas competencias que asumirán las entidades territoriales, competencias que se desprenden del Gobierno nacional y pasan a ser responsabilidad de los territorios.

Desde el 2027, de acuerdo con Patiño, la transferencia que hoy está en el 20% irá aumentando progresivamente hasta alcanzar un 39%.

El docente da un ejemplo: “El presupuesto para la educación es de $70 billones, por citar una cifra. De no haberse dado la reforma del 2001, el presupuesto para educación debería estar en unos $110 billones o $120 billones, si estuviéramos aplicando los porcentajes que había establecido la norma en su momento”.

Se habla de que solo el sector educativo pudo haber dejado de recibir durante estos años unos $350 billones. “Es un monto muy grande que no les llegó a las regiones y que lo utilizó la Nación para atender otro tipo de obligaciones, menos las que tenían que ver con la política social”, concluye Patiño.

Advertencias sobre las implicaciones de la reforma al SGP 

*La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, pidió que el aumento del porcentaje de transferencia fuera del 37% toda vez que “no está la plata para dar el brinco”.

* El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló a través de un video:

“Persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un periodo de 12 años, que en nuestros cálculos equivale a más de 3% del PIB”.

“Es una cifra muy grande que seguramente generará mayores inflexibilidades en el gasto y que apretará aún más el limitado espacio fiscal con el que cuenta hoy el Gobierno”.

“No nos deberían sorprender presiones en el alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana. Y seguramente vendrán los análisis posteriores de las agencias de calificación de riesgo sobre las implicaciones de esta reforma en términos de la sostenibilidad de la deuda pública del país”.

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