Edmundo del Castillo permanece en Colombia, mientras que César Mauricio Velásquez vive hace 10 años en Italia.

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Edmundo del Castillo permanece en Colombia, mientras que César Mauricio Velásquez vive hace 10 años en Italia.

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EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria contra dos exsecretarios de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) por el caso conocido como 'chuzadas del DAS', en el que se usó a ese extinto organismo de inteligencia del Estado para realizar escuchas ilegales a ciudadanos.

La condena ahora confirmada fue emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021, cuando el exsecretario de prensa de Presidencia César Mauricio Velásquez y el exsecretario jurídico de Uribe Edmundo del Castillo fueron sentenciados a 63 meses de prisión (algo más de cinco años).

La Justicia ya había declarado culpables a estos dos exfuncionarios próximos a Uribe por participar en una estrategia para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007 a raíz de las investigaciones sobre 'parapolítica' (la trama de vínculos entre paramilitares y políticos) que llevaba a cabo.

En ese caso, magistrados de la Corte fueron víctimas de escuchas ilegales por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La Justicia considera que el exsecretario jurídico "se alió con funcionarios de la Presidencia y del DAS para desprestigiar a Yidis Medina", una excongresista que desató la llamada 'yidispolítica' al admitir que había recibido prebendas por parte de funcionarios para que votara a favor de la reelección de Uribe para un segundo mandato.

En cuanto a Velásquez, exsecretario de prensa, formó parte "de un grupo delictivo compuesto por funcionarios del alto Gobierno y otros del DAS y la UIAF, creado con el propósito de desprestigiar, entre otros, a la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina".

 

 

Las 'chuzadas' del DAS

Como recuerda la sentencia emitida por la Corte Suprema, entre 2007 y 2008 funcionarios de alto rango de la Presidencia concertaron acciones con empleados del DAS y de la Unidad de Análisis e Información Financiera (UAIF) para perseguir y desacreditar a opositores del Gobierno, y también contra la Corte por las investigaciones sobre políticos vinculados al paramilitarismo.

 


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