Foto | EFE | LA PATRIA

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Fotografía de archivo de un grupo de excombatientes de las Farc al marchar durante un acto conmemorativo, en Medellín.

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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Un juez colombiano condenó a 34 años de prisión al integrante de un supuesto grupo paramilitar por su responsabilidad en la desaparición de cinco personas que firmaron la paz entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc en 2016, informó ayer la Fiscalía.
La investigación realizada y las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitieron la condena contra Jorge Eliécer García, por los delitos de "desaparición forzada y concierto para delinquir agravado".
La Fiscalía dijo en un comunicado que demostró que García, supuesto mando medio de la estructura delincuencial 'Los de Vaca' o 'Resistencias Unidas Campesinas' (Ruc), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz.
Los hechos ocurrieron, según la Fiscalía, el 14 de octubre de 2017 en el caserío Isupí, en El Charco (Nariño). Allí las víctimas fueron retenidas por hombres armados, quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona.
La investigación determinó que los firmantes fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero.

Preacuerdo
Por otro lado, la Fiscalía también informó ayer que Ferney Andrés Cuaspur aceptó en un preacuerdo su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada, además de la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023 en Mocoa, capital del selvático departamento del Putumayo (sur).
La mujer fue agredida por el hoy condenado, que le disparó cuando se encontraba en su residencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.
Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a nueve años de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

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