El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, declaró "una emergencia social y económica" en esa región del noreste del país debido a la crisis humanitaria causada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc en la zona del Catatumbo.

"Estas acciones permiten mover el presupuesto para adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesitan las víctimas y desplazados que se encuentran en los albergues de Tibú, Ocaña y también en Cúcuta", dijo este martes Villamizar.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también declaró el lunes el estado de conmoción interior y emergencia económica para atender la crisis en el Catatumbo.

Los enfrentamientos que comenzaron el pasado jueves en el Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y una de las disidencias de las Farc dejan de momento unos 80 muertos, mientras que unas 18.000 personas han sido desplazadas por la violencia, según cifras reveladas el lunes por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De esos desplazados, más de 11.000 han llegado a Cúcuta, capital de Norte de Santander, y el resto están en albergues de las localidades de Ocaña y tibú, hacia donde la Gobernación envió varios camiones con más ayuda humanitaria.

Éxodo constante

Las caravanas de desplazados continúan su viaje forzado desde los diferentes caseríos del Catatumbo para escapar de los enfrentamientos y de la persecución del Eln, que en muchos casos han ido casa por casa buscando a sus víctimas.

Por la carretera que conduce del municipio de El Zulia a Cúcuta, motos, carros y camiones que llevan a desplazados se alinean en la carretera, ondeando banderas blancas para pedir paz.

Los rostros cansados reflejan historias de desolación por tener que dejar atrás todo con tal de salvar la vida.

Una de esas personas, María Nora Alvernia Estrada, quien conducía una motocicleta, dijo a EFE que salió muy temprano de su casa en La Gabarra, un caserío que hace parte de Tibú, con sus hijos y nietos.

"Nos dijeron que los que salíamos no regresáramos", afirmó Alvernia, quien dice ser firmante del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc.

A medida que pasan los días siguen llegando desplazados al estadio General Santander, de Cúcuta, donde son censados, y quienes tienen familiares en la ciudad reciben mercados y kits de aseo, mientras que aquellos que afirman no tenerlos reciben hospedaje en hoteles.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha advertido que la situación tiende a empeorar y por eso insiste en la donación de alimentos perecederos y no perecederos, llamado que ha sido atendido por comerciantes, gremios y habitantes de esta ciudad.

Acevedo organizó este martes un sancocho para por lo menos mil personas, con el fin de "brindarles un buen almuerzo a todos nuestros amigos" del Catatumbo, por lo cual pidió donaciones a la ciudadanía. 

ONU DD.HH. condena la violencia en Catatumbo

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó la "grave situación" en la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el Eln y una disidencia de las Farc han dejado más de 80 muertos, y aseguró que ha verificado entre los homicidios el de dos defensores de derechos humanos.

Se trata de los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero y también se ha producido "múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta (noreste)".

"La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH condena las graves infracciones del DIH y abusos cometidos por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo, Norte de Santander", dijo hoy en un video el representante encargo de ONU Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge.

Esta oficina ha verificado con varias fuentes el homicidio de al menos 60 personas (la Gobernación cifró el domingo en más de 80 los muertos), el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas; el confinamiento de más de 1.000 personas, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa.

También reportó la privación de la libertad de al menos 30 personas; la desescolarización de 46.000 niñas, niños y adolescentes; amenazas y estigmatización de liderazgos sociales; y homicidio de firmantes de paz, entre otras violaciones ocurridas en Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Abrego, las principales poblaciones afectadas en el Catatumbo.

"La oficina llama al Ejército de Liberación Nacional y demás grupos armados no estatales a no violar el DIH y a respetar los derechos humanos de la población", estimó Monge, quien reconoció "la respuesta rápida del Gobierno" para atender la emergencia, pero hizo un llamado a que los esfuerzos "sean redoblados".

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