Foto | EFE | LA PATRIA Carlo Scaramella, director del Programa Mundial de Alimentos, considera que el Gobierno colombiano tenga de prioridad el hambre es fundamental.

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Carlo Scaramella, director del Programa Mundial de Alimentos, considera que el Gobierno colombiano tenga de prioridad el hambre es fundamental.

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IRENE ESCUDERO
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó la semana pasada una evaluación del panorama en Colombia que apuntaba a que un 30% de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.

Esto "significa que 15,5 millones de personas en Colombia tienen dificultades de poder acceder a una dieta saludable de forma continua y tienen que activar medidas y estrategias de gestión de crisis frente a una situación de sufrimiento económico", explica el director del PMA para Colombia, Carlo Scaramella.

Si se compara con los últimos datos, de 2015, "se evidencia un deterioro en la situación de la seguridad alimentaria y nutricional del país", apunta el italiano.

Se trata de un "gran problema" derivado de la "incapacidad de acceso económico por parte de las poblaciones más vulnerables" e "insuficientes recursos en los hogares para poder asegurar un acceso a alimentos que sean más seguros, saludables y de calidad", añade.

"En general, la situación en América Latina ha sido difícil debido al covid", apunta Scaramella, y señala que la pandemia se ha juntado al impacto de la inflación debido a la guerra en Ucrania y que en Colombia se suman a otros "factores estructurales como el conflicto, la violencia o el desplazamiento" que afectan la capacidad de "producir para el autoconsumo".

Y también al cambio climático y fenómenos como La Niña que han afectado, con varios meses de intensas lluvias, al norte del país, que es el que vive la peor situación en cuanto a hambre.

Las reformas que vienen
Colombia tiene, en palabras de Scaramella, un "legado histórico del tipo de articulación económica y de inversión que se ha hecho en la agricultura del país y también el legado histórico de la inequidad con la cual las tierras son distribuidas en el país".

Es decir, que la mala repartición de tierras y el inexistente acceso que hay para muchos sectores de la población ha agudizado la situación de hambre, por lo que una reforma rural -que es uno de los puntos que el nuevo Gobierno está intentando impulsar- es "fundamental del cambio".

Esta inequidad en el acceso a tierras "es completamente intolerable", por eso el representante del PMA destaca medidas como la compra de tierras que ha anunciado el Gobierno u otras de protección social.

"Pensamos que esta es la manera de seguir adelante, este es un proceso dinámico que necesita de un continuo fortalecimiento, de un seguimiento muy atento, de un monitoreo del impacto de esas políticas para poder asegurar que el país pueda seguir adelante", alienta.

Y también lo es "poder trabajar con el sector privado para redireccionar una parte de ese potencial que tiene el país alrededor de una producción que sea más dirigida al propio consumidor colombiano", asegura.

"Es una paradoja el hecho de que Colombia importa más del 60% de sus cereales, eso es una cosa que no se puede permitir", subraya.

Por eso la respuesta del Estado tiene que pasar por "tener en cuenta los factores estructurales, mejorar la producción, asegurar que los territorios se involucran en procesos productivos y por valorar los productos nativos".

"El tema del hambre es un tema central no solo para el bienestar de la población, sino para la seguridad política del país", aclara Scaramella, por lo que Colombia tiene que empezar a ver "la alimentación como un derecho humano".

Agrega: "El hecho de que el Gobierno haya puesto en la mesa el tema del hambre como un tema prioritario, de democracia, de inclusión, de dignidad, de respeto, de reconocimiento, es fundamental", concluye Scaramella.

El 50% del salario
"La población gasta hasta el 50% de sus salarios en alimentación" y con el aumento de la inflación "ese porcentaje va a aumentar", lo que le quita espacio a poder pagar otros servicios como salud o educación.

Es una cifra alarmante que acaba, en la práctica, resultando en que "al reducirse la capacidad de gasto de los hogares, se reduce también la posibilidad de esos hogares de gozar de toda una serie de beneficios", explica el director del PMA para Colombia, Carlo Scaramella.

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