El discurso de la austeridad fiscal en el país se ha convertido en el principal argumento para frenar la reforma del Sistema General de Participación (SGP). Sin embargo, este enfoque, lejos de estar basado en una racionalidad económica convincente, parece más bien sustentarse en prejuicios ideológicos. Stephanie Kelton (2023), en su artículo “El fracaso de la austeridad: invitación a repensar la política fiscal”, sostiene que la austeridad es una estrategia desacertada para enfrentar las secuelas de las crisis económicas. Tras el colapso financiero de 2007-2008, la austeridad no solo no logró solucionar los problemas, sino que amplificó las desigualdades y limitó el crecimiento.
En Colombia la resistencia a la reforma del SGP continúa evidenciando que la lucha por fortalecer la descentralización ha sido larga y complicada. A pesar de que han pasado más de cuatro décadas, desde la propuesta inicial, la oposición de ciertas élites políticas y del sector privado sigue obstaculizando la evolución de este proceso, congelando la posibilidad de una Colombia más equitativa. Según el reciente informe de la Misión de Descentralización presentado por Jorge Iván González, el problema central del sistema actual radica en las profundas inequidades que genera. Ahora bien, la implementación de la reforma del SGP es bien explícito que se encuentra supeditada a una nueva propuesta de categorización de los municipios, de competencias y criterios de distribución.
Se advierte que desde 1988 el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, afirmó que la reforma municipal representaba una corrección a las políticas tradicionales que priorizaban la inversión en áreas urbanas y dirigían los presupuestos del Estado hacia las grandes ciudades. La descentralización y la democracia son conceptos inseparables; el centralismo fomenta la anarquía y la subversión.
Kelton sugiere que es necesario un cambio fundamental en la manera en que se comprende la “responsabilidad fiscal”. Esto implica cuestionar las nociones tradicionales que limitan el gasto público bajo el pretexto de evitar déficits, proponiendo una perspectiva que priorice el bienestar económico y social sobre las restricciones contables convencionales.
Los responsables de la política económica deben entender el presupuesto no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta clave para alcanzar objetivos sociales, mejorar el nivel de vida y promover una distribución más equitativa de los ingresos. Una gestión estratégica y ambiciosa de los recursos gubernamentales es esencial para garantizar inversiones adecuadas en áreas críticas como la educación, la tecnología y la infraestructura, pilares fundamentales para una prosperidad sostenible. En esta línea, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha señalado que la desigualdad no solo es moralmente inaceptable, sino que además constituye un obstáculo significativo para lograr un crecimiento económico estable y duradero.
Es momento de desafiar la narrativa del déficit fiscal como enemigo del progreso y abrazar una visión de país en la que todas las regiones tengan la oportunidad de prosperar. Para ello, resulta indispensable avanzar hacia una verdadera autonomía municipal, que permita a cada territorio desarrollar políticas que respondan a sus necesidades particulares. Los ciudadanos y las organizaciones sociales y comunitarias tenemos un rol crucial en esta transformación; debemos pronunciarnos de manera contundente para exigir que se avance en la construcción de una equidad regional efectiva.
En consecuencia, el fracaso de la austeridad y la persistente inequidad en la distribución de recursos públicos son evidencias claras de la necesidad urgente de una reforma estructural del SGP.