El modelo de subsidios en Colombia enfrenta una crisis profunda debido a la situación fiscal del país, lo cual evidencia sus limitaciones estructurales. Para 2025, el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se reducirá a la mitad, de 10.1 billones de pesos a aproximadamente 5.3 billones. Aunque se mantienen subsidios como Renta Ciudadana para madres cabeza de hogar con menores de seis años, Colombia Mayor y para personas con discapacidad, otros como Renta Joven y Renta Ciudadana para familias con niños mayores de seis años, se verán afectados. Ante esto, el DPS plantea una transición hacia proyectos productivos para quienes no sean beneficiarios de los subsidios, gestionando cerca de 450.000 millones de pesos para apoyar la economía popular mediante incentivos y créditos con tasas subsidiadas.
¿Es esta decisión una innovación social? El sociólogo y filósofo italiano Pierpaolo Donati (2004) plantea que una innovación es posible si se conciben las políticas sociales desde una perspectiva ‘relacional’, lo cual implica una nueva visión de las relaciones entre sociedad civil y Estado. Donati critica el modelo tradicional de política social asistencial que se basa en la relación Estado-mercado, argumentando que estos no han generado verdadera cohesión social ni solidaridad, pese a la ampliación de derechos y prestaciones. De ahí que, una estrategia exclusivamente basada en créditos podría dejar desprotegidas a las personas vulnerables sin capacidad de asumir riesgos financieros.
En este sentido, en Colombia, el enfoque de esta política es ‘neoasistencialista’, alineada con el consenso de Washington, el cual, según Eduardo Lora (2005), orientó las reformas estructurales de los 80 hacia la apertura económica y la reducción de la injerencia estatal, sin lograr reducir la desigualdad de manera efectiva. El politólogo colombiano Andrés Felipe Mora Cortés (2019) reafirma que la explotación, el racismo, el patriarcalismo y el colonialismo han estructurado relaciones excluyentes y desiguales configurando los órdenes socioculturales sobre los que se erige la vida social e individual.
Frente a estos hechos, la Política Social Asistencial ha sido comprendida no como un mecanismo transformador, sino como un conjunto de medidas gubernamentales a compensar y contener los grupos sociales desaventajados que deja el modelo de desarrollo. Por lo tanto, conviene detenerse en la propuesta de Donati al concebir el bienestar no como una simple provisión de recursos, sino como un entramado de relaciones en el que los ciudadanos participan activamente en la generación de su propio bienestar. Esta perspectiva promueve una ‘ciudadanía compleja’ (entrelazamientos de ciudadanía estatal y ciudadanía societaria), que combina derechos con participación en redes de solidaridad. Agrega asimismo el autor, que las políticas sociales deben ir más allá de la inclusión económica, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la solidaridad.
Es necesario indicar que la Política Social Asistencial cumple una función importante en la protección de los sectores más vulnerables, especialmente en contextos de crisis en momentos que se precisan, pero la crisis del modelo de subsidios en Colombia refleja la incapacidad de generar cohesión social en los sectores más vulnerables, haciendo urgente ofrecer una visión innovadora para superar las limitaciones del sistema actual orientada al fomento de la autonomía y la autorresponsabilidad mediante la creación de redes comunitarias. Es decir, como bien lo manifiesta Mora Cortés, la Política Social debe ser un conjunto de acciones orientadas a resolver la denominada ‘cuestión social’.