De lejos, la institución de la rama judicial que más poder tiene es la Corte Constitucional.  Su función principal es salvaguardar la Constitución, lo que la faculta para tumbar leyes y algunos decretos que lleguen a su consideración o establecer la forma en que deben interpretarse. Los magistrados son nombrados por un periodo de  ocho años y se considera que deben ser personas con experiencia y amplios conocimientos jurídicos, que garanticen que sus fallos sean lo más ajustados posible a la norma y que   en lo posible  sus pronunciamientos estén alejados de posiciones políticas. 
La Corte Constitucional fue creada en la Constitución del 91. Antes existía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le permitió a César Gaviria, como presidente,  convocar mediante referendo popular a la Asamblea Nacional Constituyente que fue la que finalmente aprobó la Constitución del 91. Referendo que no hubiera tenido viabilidad jurídica a la luz de lo dispuesto en la Constitución de 1886.   La Sala validó la convocatoria con el argumento de que el constituyente primario estaba pidiendo una nueva Constitución.  Es decir, fue una decisión política.
Uribe también acudió a la Corte para poder ser reelegido.  La primera reelección se la avalaron y la segunda se cayó, al parecer por desavenencias que tenía con la Corte, que se trajo una teoría de la sustitución de la Constitución en un estudio que debía ser solo de forma. Otro fallo político. Así mismo, mediante la figura de la interpretación y de conveniencia, aceptó la paz con las Farc que fue aprobada en el Congreso y que había sido rechazada en el referendo popular.  
Una reciente designación de un magistrado de este alto tribunal fue objeto de una enorme controversia.  El nombramiento quedó en manos del apoyado por el Gobierno, aunque el expresidente Gaviria también metió la mano.  Como un hecho inédito, ambos líderes políticos salieron a proclamar su triunfo. 
La realidad es que el nuevo magistrado es una persona seria, respetada y con mucha experiencia.  Lleva muchos años trabajando en la Corte Constitucional como magistrado auxiliar, con diferentes jefes de todas las tendencias, siendo el último el exsecretario jurídico de Petro. Ninguno de los tres candidatos era petrista.  El Gobierno se jugó la carta de apoyar al que consideró  era el menos conservador. 
El temor ciudadano es que el Gobierno logre las mayorías en la Corte Constitucional.  Son nueve magistrados a los que periódicamente se les van venciendo los periodos. Son nombrados por el Senado de ternas, que según sea el caso, le presentan el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  El año entrante Petro tendrá la posibilidad de candidatizar el próximo reemplazo. 
El miedo de la comunidad es que si se llegan a configurar las  mayorías, el Gobierno tendrá la posibilidad de que la Corte le avale sus reformas sociales que actualmente están demandadas y que con una Corte amiga logre sacar su  constituyente mediante una figura como la que en su momento hizo Gaviria.  La realidad es que hasta el momento el presidente solo tiene en la Corte Constitucional el voto asegurado de su exsecretario jurídico -que es verdaderamente petrista-.  Con respecto a los demás magistrados  nadie puede garantizar cómo van a ser sus votos.