En estos días hemos sido testigos de la expulsión de un grupo significativo de familias campesinas del Catatumbo, huyendo de esta región atiborrada de problemas sociales y de las confrontaciones libradas por grupos al margen de la ley, ubicados allí por su estratégica condición fronteriza.

Cinco municipios: Tibú, Teorama, El Tarra, Hacarí y San Calixto, han aportado más de 51.000 desplazados, superando los registros nacionales de Nariño 14.774, Antioquia 14.554, Cauca 14.310 y Chocó 10.162.

La disputa territorial de los alzados en armas, la presencia de las Fuerzas Militares y los cultivos ilícitos son el carburante de la guerra que libran allí los actores del conflicto.

El Eln y los grupos disidentes de las Farc se disputan el negocio de 43.832 hectáreas de coca. El cultivo, además de la millonaria economía ilícita del transporte y comercialización de precursores, son el eje principal de las manifestaciones de intimidación y violencia vividas en ese vasto territorio.

De este fenómeno queda la tragedia vivida por los campesinos; de la noche a la mañana abandonan sus hogares y pertenencias; todo lo conseguido con esfuerzo queda a la deriva, con la incertidumbre de no saber a dónde van a llegar y si habrá regreso.

Pero la tragedia personal vivida por el desarraigo y todo lo que este conlleva es lo difícil de evaluar; niños sin escuela, ancianos desprotegidos, viudos y viudas desesperados, mujeres gestantes con la esperanza de parir en tierra de paz, hombres trabajadores desempleados con la ilusión de retornar pronto a la normalidad.

El Gobierno ha implementado mecanismos de ayuda para estas movilizaciones, lo indicado es prevenir la ocurrencia de estos episodios. La solución no es tener familias en albergues recibiendo paquetes de alimentos y subsidios económicos que terminan es robusteciendo los cinturones de miseria de las grandes y pequeñas ciudades.

Evitar el desplazamiento forzado implica soluciones acertadas por el número de actores involucrados; el campesino actúa presionado por intereses externos, movidos por el control ya sea por el confinamiento o la salida de su territorio. Después de Sudán y Siria, Colombia registra 7.000.000 de personas desplazadas internamente, comunidad convertida en riesgo desde el momento en el cual es desalojada de su entorno, sus propiedades, su economía, cultura y donde su familia sufre una desarticulación difícil de consolidar con el tiempo.

Se tienen detectadas las zonas propensas a estos eventos e incluso los organismos gubernamentales defensores de los Derechos Humanos están dotados del mecanismo de Alertas Tempranas, por las cuales llegan las quejas de la comunidad ante cualquier evento que afecte la tranquilidad de las poblaciones y es ahí cuando el Estado debe actuar de inmediato.

El propósito debe ser retornar con las garantías de preservar la vida e integridad de los desplazados.

Llama la atención un problema tan complejo, en el que se involucra por su condición de vecindad a Venezuela, el por qué no ha tenido el tratamiento adecuado.

Es muy posible ahora el agendamiento del tema en los Estados Unidos, por ser Colombia una zona de alta producción de narcóticos y de condición binacional en este conflicto.

* Nota: LA PATRIA publica este artículo de opinión escrito por Jaime Escobar Herrera 13 días antes de su fallecimiento el pasado sábado en Manizales. Lo hacemos como homenaje a quien fue nuestro columnista.