Las revelaciones de Olmedo López sobre el entramado de corrupción orquestado desde el alto Gobierno, son asqueantes y devastadoras. Y es la punta de un iceberg que, al parecer, y por la indolencia de la justicia en todo lo que tiene que ver con Gustavo Petro y sus más allegados criminales, seguramente correrá la misma suerte que ha corrido el proceso de su hijo Nicolás: dilación, cambio de actores, dispensas, incumplimientos y búsqueda de impunidad en el tiempo. ¡Qué impotencia, por Dios!
¿Qué hubiera pasado si una mínima parte de los actos que se denuncian hoy hubieran sido cometidos por otro gobierno? Si el amago de una reforma tributaria fue la disculpa para la movilización de los terroristas de la primera línea, ¿por qué no reaccionan ante la impudicia y el mar de corrupción que se está evidenciando en este putrefacto Gobierno? ¡La respuesta es obvia!
¿Cuántos escándalos más soportaremos ante la mirada indiferente de la justicia y el cinismo de un presidente que ha normalizado el delito de una manera tan vil y descarada? Porque estas nuevas versiones traen un ingrediente más aberrante aún: el supuesto pago al Eln de más de noventa mil millones de pesos para su financiación. ¿Será el dinero que Petro había propuesto como retribución para su desmovilización y que, ante el rechazo de los colombianos, resultó pangándoselos a través de contrataciones extraídas de los impuestos de los contribuyentes? ¡Ojalá no!
¿Qué podrán pensar los colombianos contra quienes cursan procesos en la DIAN, al ver la desvergüenza de un Estado que, mientras pretende encarcelar a comerciantes quebrados por la inseguridad del país, destina sus recursos al sostenimiento de los grupos terroristas? ¿Qué se podrá esperar de un Gobierno que genera crisis en todos los sectores formales y honestos, mientras vacía sus arcas para la compra de congresistas corruptos y el fortalecimiento de los criminales?
Y mientras tanto, la fiscal general emprende persecución por la filtración de la información que hoy circula en los medios, pero guarda silencio ante los delitos denunciados. Es la inversión total de los valores, en la cual se persigue al mensajero para alivianar el mensaje; se pretende castigar la divulgación de los hechos para evitar que paguen los involucrados; y se centran los ojos en quienes denuncian, procurando impunidad en los delincuentes. Es lo que veíamos venir cuando el entonces candidato Petro hacía transacciones en las cárceles, prometiendo lo que hoy se evidencia: indultos para los peores delincuentes, pago para el terrorismo urbano, dineros para grupos criminales y perdón para los delitos más atroces.
Colombia está adormecida, y perecerá en ese adormecimiento. Nos limitamos a un lamento mudo, porque carecemos de los bríos suficientes para enfrentar con contundencia los peores vicios y escándalos de la historia. Vemos cómo mueren las instituciones en manos de la corrupción y el terrorismo, y solo guardamos la esperanza de que en el 2026 podremos liberarnos de estas lacras. ¡Ya nos estamos tan seguros de eso! ¡Colombia fallece!