Mañana lunes 3 de febrero habrá un plantón de cultivadores de arroz ante el Ministerio de Agricultura, según decisión de Dignidad Arrocera en respuesta a la amenaza de ruina de los arroceros, por la caída del precio interno del cereal por debajo de los costos de producción y la actitud de la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, de no atenderles sus justos reclamos.
Porque los precios internos del arroz han caído, y caerán más en 2025, producto, además del contrabando, de las importaciones de arroz ecuatoriano a Colombia y en especial de 125 mil toneladas de arroz norteamericano impuestas por el TLC con Estados Unidos, tratado que le confiere a ese país el derecho leonino de vendernos cada año más arroz subsidiado, mientras que los colombianos lo cultivan en medio del abandono del Gobierno nacional.
Según cifras recientes, los arroceros gringos reciben subsidios al año por 700 millones de dólares, casi tres billones de pesos, suma que convierte en engaño la retórica neoliberal de llamar “libre” a ese comercio.
En estas circunstancias, el arroz colombiano deberá desaparecer, si bien le va, a partir de 2030, cuando el TLC le impondrá a Colombia el libre ingreso del arroz norteamericano, además de la carne de pollo.
En cuanto a la leche y a los productos lácteos colombianos -mantequillas, quesos y demás- las amenazas son aún peores.
Porque el libre ingreso de los productos norteamericanos empezará en 2026, dos años antes que los de la UniónEuropea. ¿Qué tiene que ver con la democracia que los dos mayores poderes globales arruinen a 300 mil familias de lecheros colombianos, casi todos ellos campesinos, indígenas y pequeños empresarios?
Porque una vaca norteamericana, produce diez veces más leche que una colombiana, en tanto que un trabajador agrario colombiano crea trece veces menos riqueza que un gringo, en buena medida por el estímulo de los subsidios del gobierno de EE. UU., de 1.200 millones de dólares al año, unos cinco billones de pesos.
De ahí que no sorprenda que la mitad de los lácteos importados a Colombia provenga de Estados Unidos.
Ante estas verdades, en especial irrita el engaño con el que Gustavo Petro invitó a votar por él en el 2022, prometiendo cambiar los TLC de acuerdo con el siguiente compromiso: “Los TLC deben ser revisados y renegociados” a favor de la producción nacional, promesa que faltoneó en la misma semana que se posesionó como presidente, otra prueba de que engañó al presentarse como “el Gobierno del cambio”.
Dos verdades más aparecen en mi libro Sin pelos en la lengua. Mi primera denuncia como senador (2002) fue sobre una trasnacional cogida con las manos en la masa falsificando la fecha de vencimiento de una leche en polvo importada. Y la denuncia del presidente de la SAC en 1990, señalando que eran más corruptas las trasnacionales del comercio internacional de bienes agrarios que los gobiernos de los países (p. 174).
El objetivo final de estas importaciones no puede ser más tenebroso. Que renunciemos a producir la dieta básica de los colombianos y especialicemos el agro en las frutas tropicales llamadas “productos postre”, especialización que en una crisis ambiental global puede llevarnos a una hambruna, según ha alertado la FAO.