El presupuesto nacional 2024 quedó con un desfase multimillonario, como resultado de las cuentas alegres que hicieron para sobreestimar el recaudo de impuestos e incluir una ingenua partida que pretendía recaudar $15 billones por cuenta de arbitramentos y litigios “a sabiendas de que en los últimos 10 años se ha recaudado cero pesos por ese concepto, según respuesta oficial de la DIAN” en palabras de una “arrepentida” congresista. 
Es decir, los técnicos del Ministerio de Hacienda y la mayoría de “padres de la patria” se creyeron el cuento de que la economía colombiana aguantaría las consecuencias de la pasada reforma tributaria y que también era inmune a las evidentes y claras señales de desaceleración y estancamiento que fueron constantes en 2023. Pero ni lo uno ni lo otro. 
Y ahora, en medio de la resaca, quedan en evidencia tres hechos incuestionables: i) el ministro de Hacienda reconoció que no se cumplirá la meta de recaudo de impuestos este año; ii) los “arbitramentos y litigios” tributarios no han dado signos de recaudo; y iii) para rematar… la Corte Constitucional, en buena hora, dejó sin piso algunos artículos de la reforma tributaria, debilitando aún más el recaudo de impuestos. Todo ello, como era apenas obvio, abocó al Gobierno a realizar un “tijeretazo presupuestal” que implicó un aplazamiento del gasto público, ¿recorte?, por la no despreciable cifra de 20 billones de pesos, $11 billones de funcionamiento y $9 billones de inversión. ¡Palabras mayores!
Precisamente, al hojear y ojear el Decreto 766, que dejó en firme esta medida, se encuentran reducciones de gastos e inversiones de todo tipo y tamaño, de las cuales destaco dos que llamaron especialmente mi atención: En primer lugar, la reducción de una partida de funcionamiento denominada “Otras Transferencias - Distribución previo concepto de la DGPPN” por valor de $8.295.651.000.000 (sí, más de 8 billones de pesos); - para ilustración de los amables lectores, la DGPPN significa Dirección General del Presupuesto Público Nacional-; y en segundo lugar, la reducción de una partida de inversión denominada “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional - Distribución previo concepto del DNP” por valor de $1.377.455.022.666 (sí, más de un billón de pesos); - DNP significa Departamento Nacional de Planeación-.
Y es que resulta curioso, por decir lo menos, la denominación de estas dos  partidas presupuestales que no se refieren a ningún gasto ni inversión en particular, suman casi 10 billones de pesos y representan prácticamente la mitad de toda la reducción. Se entenderían más bien como “guardados” (en términos técnicos “reservas” …aunque no tan técnicos) o partidas generales con las que podrían financiarse gastos o proyectos regionales de cualquier índole. En otras palabras, a discreción o “al antojo o voluntad de alguien, sin tasa ni limitación”, según definición de la RAE. Pregunto, ¿dónde quedan los principios legales de planificación y especialización del presupuesto?
En fin, pero aparte de estas “curiosidades” hay que decir, con la mayor objetividad, que el aplazamiento (reducción) del presupuesto corresponde a una medida responsable y efectiva para calmar el tenso ambiente de incertidumbre de las finanzas públicas, en medio del difícil e incierto panorama económico nacional. Pero también hay que decir, con la misma objetividad, que se quedaron cortos con el remedio, porque el faltante presupuestal para este año, de acuerdo con serios estudios conocidos, alcanzará $50 billones. Por ello resulta tan conveniente que el equipo económico del Gobierno pase de las cuentas alegres, a las cuentas reales de la economía, por tristes y amargas que resulten... y aunque ello implique recortar otros “guardados”, que seguro todavía quedan por ahí.