Las defensas judiciales en los estrados y en las calles, redes y micrófonos de Álvaro Uribe y de Donald Trump dan para hacer un paralelo: Buscan desacreditar a sus jueces y acusar a las contrapartes de abusar del derecho; esta estrategia genera un intenso debate sobre la imparcialidad judicial y la influencia política en los procesos legales.
Miremos varios aspectos.
Deslegitimación del sistema judicial.
Ambos han promovido la idea de que son víctimas de una persecución política y una guerra jurídica. Los dos han atacado públicamente a jueces, fiscales y cortes que han llevado sus casos, insinuando parcialidad o conspiraciones en su contra. Han usado las redes sociales y declaraciones públicas para desacreditar el proceso legal antes de que se resuelva.
Movilización de la opinión pública y base política.
Han utilizado su liderazgo político para encender a sus seguidores, apelando al sentimiento de victimización y lealtad personal. En el caso de Trump, esto se ha visto en los discursos que desencadenaron el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
Uribe ha planteado movilizaciones y de hecho ha mantenido una base política sólida a pesar de sus procesos judiciales.
Construcción de una narrativa de persecución.
Trump ha afirmado que los juicios en su contra son una maniobra de los demócratas que buscaban impedirle llegar de nuevo a la Presidencia.
Uribe ha argumentado que su caso es un ataque de la izquierda y sectores de la justicia con agendas políticas en su contra. Convertir su situación judicial en una bandera de campaña política ya se vió en el caso de Trump, en el de Uribe estará por verse en los próximos meses.
Ataques a la prensa y los medios de comunicación.
Trump popularizó la frase “Fake News” para deslegitimar a medios tradicionales como CNN, The New York Times y The Washington Post.
Uribe ha cuestionado la imparcialidad de medios como El Espectador y algunos periodistas críticos de su gestión.
Ambos han buscado posicionarse como víctimas de un cerco mediático.
El punto grave de toda esta situación es el severo impacto en la democracia y en la justicia. Se termina erosionando la confianza en las instituciones judiciales que tiene serias repercusiones en democracia, pues recordemos cómo la administración de justicia es uno de los autoreguladores de la democracia. 
En EE. UU., los juicios de Trump polarizaron aún más la política y la sociedad. En Colombia, la estrategia de Uribe puede además debilitar la confianza en la independencia judicial y en la imparcialidad del Estado de derecho.
Ante estas situaciones es clave fortalecer y defender la administración de justicia y, evidentemente, que esta opere debidamente, para asegurar su independencia.
Defender la independencia judicial no es un asunto de simpatías políticas, sino una garantía para la estabilidad democrática y el respeto al Estado de derecho.
Recordemos cómo el libertador Simón Bolívar resaltaba a la justicia como la reina de las virtudes republicanas. El expresidente Uribe debe manejar con tacto esta tensión judicial que está viviendo.