¡El hambre no tiene vacaciones! Esta frase es una de nuestras banderas en la manera de entender la gestión pública, debido a su impacto en la nutrición, cobertura educativa y movilidad social de nuestros niños y niñas.

Sin embargo, el Gobierno de Caldas parece no entenderlo. La alimentación de los niños caldenses debe ser una prioridad, pero la forma en que la Administración Central pretendía garantizar el Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025 es inaceptable.

El martes 25 de febrero se presentó ante la Asamblea de Caldas el proyecto de ordenanza 029, que buscaba modificar el Plan de Desarrollo 2024-2027 en el capítulo de Regalías para financiar $6.000 millones faltantes para el PAE.

El gobernador y su gabinete justificaron esta medida, argumentando un supuesto déficit de caja, lo que implicaba desfinanciar proyectos claves en infraestructura, salud y movilidad, financiados con recursos de regalías.

Inicialmente, se habló de un déficit de $12.000 millones, pero luego se redujo a $6.000 millones, asegurando que la diferencia se cubriría con recursos propios. También se culpó al Gobierno nacional por no girar los fondos del PAE 2025.

Sin embargo, un análisis detallado revela que no se trataba de un problema de caja, sino de presupuesto. No es falta de liquidez, sino una mala planeación financiera.

El problema quedó aún más en evidencia con el reciente anuncio del gobernador, de que finalmente no será necesario modificar el Plan de Desarrollo porque los recursos fueron encontrados dentro del mismo presupuesto.

Esto confirma que la asignación del gasto fue deficiente y que el intento de modificar el Plan de Desarrollo no era más que una estrategia política para encubrir graves errores administrativos.

Para garantizar el PAE 2025 se requerían $63.000 millones, pero solo se incorporaron $51.000 millones en el presupuesto.

Esto demuestra que el déficit de $12.000 millones no es responsabilidad del Gobierno nacional, sino el resultado de cálculos erróneos y asignaciones inadecuadas al momento de viabilizar el proyecto por parte de la Secretaría de Planeación.

Más preocupante aún es que este Gobierno, que se proclama social, instrumentalice la necesidad de los niños para justificar su mala gestión.

Se habla de mejoras en cobertura, raciones y aumento en el pago a manipuladoras de alimentos, pero las denuncias de alimentos en mal estado, con gusanos y productos vencidos, contradicen este discurso. Durante la socialización del proyecto, diputados evidenciaron la precariedad del programa en varios municipios.

El problema de fondo es la ausencia de una estrategia real para mejorar la cobertura y los indicadores del PAE.

Caldas, que antes era un modelo en la implementación del programa, hoy ocupa el puesto 25 entre 33 entidades en cobertura. Estamos fallando en la principal estrategia de acceso educativo, que impacta directamente a niños y jóvenes.

Aunque el PAE presenta un incremento del 8,9% en raciones, el presupuesto aumentó en un 40%. Es crucial revisar los costos dentro del contrato para garantizar que el aumento se refleje en la calidad de los alimentos preparados en sitio y no solo en refrigerios.

Por lo anterior, los secretarios de Planeación, Hacienda y Educación de Caldas quedan en una posición muy cuestionable.

Primero planean un proyecto sin los recursos necesarios; luego, anuncian una modificación al Plan de Desarrollo y hacen una audiencia pública para justificarlo, para que finalmente, el gobernador y el gabinete, basados en las alertas presentadas por los diputados durante la socialización del proyecto, desmientan la necesidad de cambios. Sí tenían el dinero, pero lo asignaron mal.

Los niños no son prioridad en este Gobierno, es inaceptable que tengamos el 74,83% de cobertura, por debajo del promedio nacional que es de 80,26%, pero a contratos de prestación de servicio se les asignen $20.000 millones en los dos primeros meses del año.