Desde la publicación del documento emitido el 23 de enero de 2025 por el gobernador de Caldas, el alcalde de Manizales y el Comité Intergremial, las reacciones no se han hecho esperar.

Mientras algunos sectores respaldan la propuesta, concejales de Manizales y otros dirigentes políticos han manifestado su inconformidad.

Lo que parece ser un punto en común entre los actores y que resulta clave es que el modelo de concesión no debería estar en discusión. Sin embargo, lo que sorprende es la ausencia de un sustento técnico que respalde las afirmaciones de los distintos actores.

El ingeniero José Fernando Botero Calderón ha elevado un derecho de petición al gobernador de Caldas, cuestionando varios aspectos del documento oficial.

Con la mayor objetividad y sin apasionamientos, sería prudente que el Gobierno Departamental analizara en detalle sus planteamientos, ya que podrían ser determinantes para garantizar una mayor equidad fiscal y una mejor integración del Eje Cafetero.

Uno de los puntos críticos del debate es la estructura de los peajes. Botero Calderón plantea que se debería establecer un esquema de cobro por kilómetro recorrido y reconfigurar la integración de los tres peajes que afectan la conectividad del Área Metropolitana Centrosur y Chinchiná con los peajes de Tarapacá I y II.

Esta propuesta permitiría equilibrar las condiciones entre departamentos y evitar un golpe a la competitividad de municipios como Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar, Viterbo, Riosucio, Supía, Marmato y La Merced. De no ajustarse, el modelo generaría una desventaja significativa para estos territorios.

El plazo de construcción es otro aspecto que merece ser revisado con lupa. Mientras el documento oficial propone 5 años, Botero Calderón argumenta que se necesita al menos el doble.

Ninguna obra concesionada en el país ha logrado ejecutarse en tan poco tiempo. Un ejemplo claro es Pacífico Tres, cuya construcción tardó casi el doble de lo previsto. Extender el plazo a 10 años no solo haría el proyecto más viable, sino que reduciría costos financieros y permitiría liberar recursos para mayor inversión.

El ingeniero cuestiona con argumentos técnicos la posición del señor gobernador de Caldas: “Apoyar la inequitativa situación descrita, que no solo atenta contra la competitividad de Caldas y 11 de sus municipios donde habitamos al menos el 70% de los caldenses, sino que también impacta los costos en que esos caldenses incurren cuando se trasladan a la capital del departamento en procura de salud, educación, cultura, relaciones sociales o familiares y trabajo, no solo es inequitativo y contrario a la Constitución y la Ley sino que es, inentendible”.

Quedamos atentos a la respuesta del señor gobernador y ponemos a disposición de todos el derecho de petición.