Una carta que nunca existió y un comentario malintencionado de un funcionario de la Gobernación abrieron el debate para hablar de la pauta oficial de los periodistas del departamento y el funcionamiento de la misma. El pasado 2 de agosto, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Colombia (Asopercol) emitió un comunicado de prensa en el que reprochaban vehemente la supuesta misiva que yo había enviado a la Contraloría Departamental de Caldas en la cual me oponía a la pauta oficial otorgada por la Gobernación a 137 periodistas.

De manera inmediata intenté comunicarme con el presidente, de ese entonces de Asopercol, pero no fue posible. Por lo tanto, a través de un comunicado me pronuncié explicando que no conocía dicha carta y que en caso de que existiera solicitaba a la Contraloría que me remitiera la misiva con el correspondiente recibido de la entidad. Cuatro días después, el contralor, Juan Carlos Pérez Vásquez, certificó que: “Por ningún medio ha ingresado algún oficio por parte del diputado Luis Roberto Rivas Montoya, que se refiera al asunto en referencia”.

La polémica fue inducida por un funcionario de la Gobernación, quien insinuó que yo estaba oponiéndome al proceso para justificar el atraso en el pago mensual de la pauta a los periodistas. Algo en lo que no tengo injerencia, y cuyo peso recae en la Gobernación y el operador del contrato que es Telecafé. Lo que sí he manifestado, incluso por esta columna, es el elevado costo del contrato de $2.500 millones que la Gobernación tiene con Telecafé para temas logísticos del Plan de Desarrollo y el pago de la pauta a los periodistas. Telecafé no debe funcionar como operador porque encarece el valor total del contrato y su asignación es una forma de eludir las normas de contratación que le corresponden al Gobierno Departamental.

Lo sucedido también nos convoca a analizar el uso que los gobernantes le dan a la pauta periodística, cuyo papel fundamental es socializar las gestiones del Ejecutivo sin coartar la crítica y la investigación del oficio periodístico. La pauta no debe ser usada para defender un gobierno de su mal actuar, ni para contratar influencers, twitteros y blogueros listos a reaccionar a la crítica. El Gobierno debe propender por un periodismo libre e independiente, que es fundamental para la democracia y que en Colombia y el mundo ha estado detrás de las investigaciones que han revelado escándalos como Odebrecht, las chuzadas del DAS y la corrupción de la UNGRD, entre otros.

Que la prensa no sea coartada ni el periodista callado. Y que en un país de libertades, el cuarto poder muestre su liderazgo sin miedo.