Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son un exitoso modelo que busca alcanzar objetivos mediante la asociatividad. Este 18 de noviembre cumplirán 65 años de ser institucionalizadas a través de la Ley 19, aportando significativamente en la generación de desarrollo en los barrios, veredas y corregimientos de todo el país. En Colombia se encuentran registradas unas 70 mil JAC, de las cuales 1.721 están en Caldas, liderando importantes procesos en los 27 municipios, relacionados con el adecuado estado de las vías rurales, la convivencia ciudadana, el emprendimiento, la sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos que generan desarrollo para las comunidades.

En la actualidad, la política pública comunal de Caldas está regida por el Decreto 387 de 2008, estableciendo una ventana de tiempo de ejecución de 10 años; sin embargo, en su reciente visita a la Asamblea de Caldas, Luis Alfredo Gómez, presidente de la Federación de las JAC en Caldas, les expresó a los diputados la necesidad de construir una ordenanza departamental que contenga todas las líneas estratégicas y metas que la Gobernación deberá realizar para el fortalecer la acción comunal.

La transformación de la política pública comunal de decreto a ordenanza es necesaria por la legitimidad que obtendrían las apuestas de desarrollo que se llevarán a cabo con las JAC, además que en el año 2021 se actualizó la estructura de estas Juntas a través de la Ley 2166, en la que se incorporaron nuevas funciones, entre ellas, generar una estructura administrativa que les entregue mayor autonomía a través de las comisiones empresariales, llevando a que estas obtengan los recursos económicos necesarios para financiar sus acciones sociales.

De igual manera, la ordenanza de la política pública JAC debe construirse con una alta participación, en la que se incluyan las propuestas de todos los organismos comunales del departamento, buscando que las metas sean el resultado de la vinculación social e institucional, aterrizando las acciones a las realidades de los municipios, permitiendo la fácil adopción en los territorios para ser apropiada por administraciones municipales y pobladores.

Las alcaldías deberán ser aliadas en la elaboración de la política pública, debido a que son las que presentan una mayor cercanía con las organizaciones comunales, evitando que la Gobernación caiga en las equivocadas prácticas que actualmente lleva a cabo el Gobierno nacional, que desconoce la institucionalidad de las regiones, buscando implementar la normativa JAC desde un escritorio en Bogotá, desconociendo los importantes esfuerzos que se llevan a cabo en las localidades.

Las consecuencias de la desconexión del presidente, Gustavo Petro, con las realidades territoriales se evidencia, entre otras, en que el Consejo de Estado ordenara la suspensión del programa “Caminos Comunales para la Paz”, estrategia que tenía como propósito que las JAC liderarán la construcción de placas huella en la zona rural; sin duda, una acción necesaria para el acceso al desarrollo de nuestros campesinos, pero que se debe rediseñar con rigurosidad normativa y administrativa, pero parece que ese no es el propósito del Gobierno nacional.

Esperamos todos los caldenses que sea una realidad el compromiso entregado por los diputados para impulsar la adopción de la política pública comunal a través de ordenanza. El departamento requiere de apuestas sólidas del Gobierno para fortalecer el desarrollo social.