Según la RAE, la sintaxis es la "parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades".
Según el Senado de la República, sin taxis es el resultado que se espera después del debate que habrá de darse al proyecto de ley 136 de 2024, por medio del cual se regula el servicio de transporte privado intermediado por plataformas digitales.
Si bien el proyecto busca regular el transporte en vehículos particulares, genéricamente conocido como Uber, Didi, InDrive o Cabify, el resultado no será otro que la abolición de los taxis en plazos que no serán lejanos.
La eliminación del servicio público de transporte individual de pasajeros, comúnmente conocido como taxis, será el resultado de una competencia que el sector no podrá soportar y que, indefectiblemente, hará que los públicos tengan que hacer un giro pasando a particulares y, eventualmente, se vean obligados a aterrizar donde aquellos que hoy son su competencia.
Lo primero que debo decir es que, en el Congreso y en el propio Gobierno hay ambiente para que este tipo de iniciativas avancen y se conviertan en ley.
Esto solo podrá detenerse si los taxistas, al igual que los camioneros, se plantan firmes y defienden con uñas y dientes el sector que los agremia, pues de cualquier otra manera, el Gobierno con muchos congresistas, le darán la bendición a la iniciativa, y nada quedará por hacer en favor de los taxistas.
El proyecto de ley 136 de 2024 es de iniciativa del senador Julio Elías Vidal y en él se consagran varias medidas que garantizan que las próximas generaciones no alcancen a conocer los taxis.
La iniciativa busca regular el transporte privado, no el público. Por lo tanto, no aplica para los taxis, pero sí habilita la prestación del servicio de particulares, siempre que estén vinculados a una plataforma.
De este modo, un particular es “legal” si se vincula a plataformas tecnológicas, pero es ilegal si no tiene vinculación a una plataforma, aunque preste el mismo servicio, en el mismo carro y por el mismo precio.
Una ventaja del nuevo sistema sobre el modelo actual es que se crea un sistema paralelo al transporte colectivo, pues en el artículo 3 se permite el servicio compartido, donde se establecen rutas o trazados predefinidos para recoger a distintos usuarios sin relación entre sí.
Esto legaliza el uso de rutas, como lo hacen las busetas, entrando en aventajada competencia con los taxis, pues les autoriza el famoso “colectivo”, hoy prohibido para estos últimos.
Mientras los conductores de Uber solo necesitan licencia de conducción para el vehículo particular, los taxistas necesitan una licencia especial para el servicio público.
Esto hace que ser taxista sea más complicado y exigente, aunque el servicio termine siendo el mismo: el transporte de personas o cosas.
Para Uber se debe demostrar la posesión del SOAT, mientras que el taxi debe acreditar, además del SOAT, pólizas de responsabilidad civil extracontractual y contractual.
Uber solo necesita la tarjeta de propiedad, mientras que el taxi debe demostrar también la tarjeta de operación. La revisión técnicomecánica de los Uber tiene una duración mayor que la de los taxis.
Los conductores de Uber pueden viajar a donde deseen, mientras que los taxistas requieren planillas de viaje ocasional, incluso para trasladarse a la ciudad más cercana.
Y finalmente, el taxista está obligado a pagar seguridad social, mientras que el conductor de Uber no tiene esa obligación.
El proyecto establece que ninguna entidad territorial podrá imponer límites en el número de matrículas o tarjetas de operación para la prestación del servicio público individual de pasajeros, sea este prestado por taxis o a través de Plataformas de Intermediación de Movilidad.
Esto significa que, al no haber límite en los cupos de taxis, los actuales perderán su valor.
Para compensar la pérdida de valor de los cupos, se propone que el Ministerio de Transporte establezca un mecanismo de compensación para los propietarios de taxis que hayan adquirido los cupos antes de la entrada en vigencia de esta ley.
Sin embargo, este mecanismo implicaría un gasto aproximado de 25 billones de pesos, dinero que hoy no existe y que se espera recaudar mediante multas o porcentajes de servicios.
Esto me lleva a pensar que las indemnizaciones nunca llegarán.
A los taxis les dejan abierta una puerta que no lleva a ningún lado, pues se permite que operen como particulares dentro de la plataforma, pero con los requisitos de los vehículos públicos, lo cual es un mal chiste.
Además, para operar bajo la sombrilla de las plataformas deben pagar el 1% de cada servicio. Si los 256.000 taxis del país ingresaran a estas plataformas y realizaran un cálculo de carreras de solo $100.000 por turno (es decir, $200.000 diarios), dejarían $2.000 diarios por cada carro.
Esto equivale a $60.000 mensuales por vehículo, lo que permitiría al sistema recaudar $520 millones diarios, $15.600 millones mensuales y aproximadamente $187.000 millones anuales, solo para tener derecho a competir con los particulares que ingresan al mismo sistema, pero con muchos menos requisitos.
Siento que se avecinan muchas dificultades.
Los taxistas no se van a dejar borrar tan fácil y créanme que prontamente veremos paros y bloqueos. Entonces entenderemos que las desigualdades que hoy se plantean en este proyecto de ley nos tendrán durante varias jornadas *SIN TAXIS*.