El Gobierno Petro le cortó los recursos a la salud para generar una crisis y demostrar que el sistema había fracasado, obligando así a una reforma. Estamos abocados al mismo procedimiento: el país tendrá un déficit de generación de energía eléctrica en los próximos años, y el Gobierno viene preparando una trama según la cual todo es causado por la participación de los privados en el sistema. El modelo estatizador del presidente Petro -que ya aplicó en los sectores de salud y pensiones- ahora apunta hacia el sector eléctrico.
La crisis eléctrica de los años 90 fue el resultado de un país en el que todo dependía del Estado. El sector eléctrico era 100% público y el Estado gastaba el 24% de su presupuesto en atender la energía de los colombianos. Luego del apagón llegó el sector privado, las inversiones alcanzaron los 30 mil millones de dólares, 298 agentes y pagos de impuestos por más de 7 billones de pesos. Hoy, el país genera 20 GW.
Sin embargo, el panorama energético es preocupante. El déficit de energía eléctrica alcanzará el -3% en 2025 y podría llegar al -12% en 2030. Desde las proyecciones del Fenómeno de El Niño en 2022 se pidió al gobierno nacional tomar medidas para atender las crecientes dificultades del sector generador. Petro decidió no nombrar comisionados en la CREG y, mediante un decreto, habilitarse para definir las tarifas él mismo. El Consejo de Estado declaró nulo dicho decreto, pero el presidente aún no nombra comisionados.
Aunque el 68% de la generación de energía en Colombia proviene de hidroeléctricas, dependemos de térmicas para abastecer la demanda, lo que implica un aumento en los costos. Esto no solo se debe al carbón o al gas, sino a la configuración del mercado: el 86% de la energía hidroeléctrica está contratada a largo plazo, con precios más bajos, mientras que en las térmicas solo el 96% depende del precio de bolsa, que es altamente volátil. A esto se suma que las térmicas han tenido que importar gas por la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.
Hay 13 proyectos no convencionales detenidos por tramitología, lo que equivale a una reducción de 2.595 MW. Además, empresas como Celsia han abandonado proyectos eólicos en la Guajira por problemas de seguridad. En la tributaria, se incrementaron los impuestos al sector energético, afectando incluso a las energías alternativas. Este Gobierno ha ignorado al sector privado en la resolución de tensiones sociales asociadas a los proyectos.
Además, el Gobierno no está pagando los subsidios de energía. Mientras tanto, no señalan los escándalos de corrupción en hidroeléctricas del Estado, como Urrá, donde se pierden recursos mientras allegados al petrismo acumulan fortunas. El Gobierno prometió resolver el difícil asunto de la tarifa del Caribe, pero su apuesta por apropiarse de Air-e probablemente sea un mal negocio. Todo el sistema está en dificultades: generadores, transmisores, transportadores y comercializadores privados de energía. Y el Gobierno, en lugar de planear mecanismos para mejorar, parece centrarse en tomar el control total del sector a través del Estado.