Los municipios caldenses de Pensilvania, Manzanares, Marulanda, Victoria, Villamaría, Chinchiná, Supía, Belalcázar, La Merced y Aranzazu podrán actualizar sus planes de ordenamiento territorial, gracias a una alianza entre la Gobernación de Caldas, la Unión Europea y la Federación Colombiana de Municipios, que aportarán $1.211 millones para esa tarea (los 10 municipios seleccionados participarán con el 20% de los costos, aunque para obtener resultados finales tendrán que hacer una inversión mayor), además de brindar asistencia técnica y mejorar las capacidades locales de planificación y desarrollo físico.
 Es una realidad preocupante que los municipios caldenses, en general, no actualizan estas herramientas de planeación desde hace cerca de dos décadas y que dicho rezago resulta costoso, al no considerar realidades propias de la transformación que se va dando en las áreas urbanas, principalmente, y que tienen que ser previstas para un crecimiento armónico y bien calculado, y con políticas públicas acertadas para beneficio de todos los habitantes de un municipio en lo urbano y rural.
 Los diez seleccionados podrán participar de este programa porque aseguraron su cofinanciación, pero los demás seguirán con las normas de su ordenamiento desactualizadas. Ojalá se logre concretar una ampliación del convenio con la que se abarque todo Caldas y, de esa manera, poder tener ordenamientos territoriales que puedan ser complementarios por regiones y que se identifiquen en sus visiones de crecimiento conjunto hacia un desarrollo más rápido y favorable a las comunidades. Al impulsarse de manera paralela la actualización del catastro multipropósito, los resultados en el mediano y largo plazo podrían ser muy buenos.
 Una dura realidad del rezago en las actualizaciones es que esto se facilita por diversos factores, como los intereses de políticos y propietarios de tierras que ven ese ejercicio como amenazas a sus intereses. Por eso es que hay tantas dificultades para que los concejos municipales aprueben las partidas necesarias, en medio de presiones políticas y de toda clase de obstáculos para evitar que se tenga información actualizada. Hay que reconocer en los 10 seleccionados la voluntad política de sus alcaldes y concejos.
 Una actualización de este tipo permite que los aspectos ambientales, tan sensibles a los fenómenos del cambio climático, así como los factores de riesgo sean más palpables, y con ello los usos del suelo puedan ser analizados con datos de mejor calidad. Es evidente que cada cierto tiempo las dinámicas económicas, sociales y territoriales se transforman, y es importante contar con unas bases conceptuales firmes y ajustadas a la realidad para la toma de decisiones que redunden en un crecimiento sostenible de los municipios.
 Una gestión integral del territorio les evita a muchos gobernantes cometer errores que podrían perjudicar el desarrollo local, por eso lo ideal es actualizarlos como mínimo cada 12 años. Es cierto que no corresponden a esas obras que prefieren muchos para poder posar de grandes ejecutores y ganar pantalla, pero sí es un asunto vital que debe ser valorado por los ciudadanos como un aporte significativo al futuro de los municipios.